El Gobierno de México ha expresado su rechazo a la nueva ley migratoria del estado de Florida (EE. UU.), que entró en vigor este sábado, 1° de julio, que persigue a los inmigrantes indocumentados y obliga a denunciar a los empresarios, por lo que la considera “discriminatoria” y “racista”.
“Si bien el Gobierno de México respeta los procesos y medidas legislativas estatales en los Estados Unidos de América, se considera que la SB1718 afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanos, exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante”, ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano en un comunicado.
Además, advierte de que el Gobierno de México “utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de las personas mexicanas en Florida”, mediante “acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica”.
En concreto, compromete su apoyo a cualquier acción legal emprendida por “personas víctimas de actos de hostigamiento, violencia, abuso, discriminación de todo tipo y perfilamiento racial (racismo institucional)”.
“Estas acciones son la punta de lanza de la estrategia del Gobierno de México para exigir el respeto a los derechos humanos y seguir velando por los intereses y bienestar de todas las personas mexicanas que residen en el extranjero, independientemente de su condición migratoria”, destaca.
México subraya que “la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada” y critica estas “inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco”.
Esta nueva norma “no refleja su valiosa aportación a la economía, sociedad y cultura de Florida” y menciona “la intensidad de los lazos comerciales y turísticos entre México y Florida”, resalta.
“Ambos países se han esforzado por construir conjuntamente caminos de tolerancia, seguridad y respeto, de los cuales la SB1718 los aleja, provocando sentimientos de intimidación y temor en la comunidad migrante”, argumenta México.
En concreto, la ley y obliga a los empresarios con más de 25 empleados a comprobar su estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify.
Los empresarios que no cumplan la ley se enfrentan a multas de 1.000 dólares al día hasta que demuestren que sus trabajadores tienen los documentos requeridos. Amenaza además con retirar de por vida las licencias de funcionamiento a las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.
El texto también contempla hasta 15 años de prisión para los individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a Estados Unidos, sin importar si fue por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares.
Se estipulan además cinco años de prisión y multas de 5.000 dólares si la persona indocumentada es mayor de edad y 15 años de cárcel y multas de 10.000 dólares si es menor de edad.
El sábado también ha entrado en vigor la ley HB 543, conocida como ley sobre porte de armas ocultas sin permiso o entrenamiento previo, por la que los residentes en Florida podrán portar armas ocultas en espacios públicos sin licencia alguna.
Sus defensores la llaman ley “de seguridad pública”, mientras los demócratas y las organizaciones que están a favor del control de armas han alertado del riesgo que supone. Hasta ahora se necesitaba un permiso para portar armas en público.
Por otra parte, también ha entrado en vigor la ley HB 1191, que permite utilizar fosfoyeso, un material radiactivo, en la construcción de carreteras. Este material, compuesto por uranio y radio, está vinculado con la aparición de enfermedades como el cáncer y podría contaminar los acuíferos, por lo que varias organizaciones ecologistas han manifestado su rechazo.
*Con información de Europa Press.