El estado de la Florida, gobernado por el republicano Ron DeSantis, dejará de ser un buen lugar para que los migrantes lleguen a radicarse tratando de buscar un mejor futuro.
Todo esto se debe a que dos copartidarios de DeSantis, el senador Blaise Ingoglia y el congresista Kiyan Michael, lideran los proyectos de ley SB 1718 y HB 1617, los cuales buscan desincentivar la inmigración a través de restricciones severas.
¿Cuáles serían esas restricciones para los migrantes en Florida?
El proyecto ya tuvo la aprobación del Senado y ahora espera el de la Cámara de Representantes, ala que es dominada por el partido Republicano, por lo que se cree, que la ley salga para cumplirse en las próximas semanas.
Con esto se prohibiría que los indocumentados utilicen identificaciones que les hayan otorgado en otros estados o en Florida. Además, se le exigiría a los hospitales reportar minuciosamente la atención a esta población, buscando también quitar los gastos que se generen.
También se llegarían a dar penas de cárcel a los ciudadanos estadounidenses que alberguen o transporten a un indocumentado.
En lo educativo, limita la posibilidad para que ciertos estudiantes de Derecho indocumentados sean admitidos en el Colegio de Abogados de Florida. Asimismo, quita las protecciones para las víctimas de delitos.
Quienes den trabajo a ciudadanos con estatus migratorio ilegal también serían penalizados, ya que las autoridades de Florida le cancelarían las licencias de operación a empleadores cuyos contratos incumplan con los requisitos del programa federal E-Verify.
Sin lugar a dudas, DeSantis libra una batalla en su estado contra la migración ilegal. El pasado mes de febrero el Parlamento del Estado aprobó una ley que permitirá a la administración del gobernador trasladar a migrantes ilegales desde cualquier lugar de Estados Unidos a otras regiones del país.
El texto fue aprobado por el Congreso local, de mayoría republicana, y amplía una ley aprobada en 2022 para transportar migrantes desde Florida a los demás estados.
DeSantis, que promovió ese programa de traslados, reivindicó el pasado mes de septiembre el envío de dos aviones con 48 migrantes latinoamericanos desde San Antonio (Texas) a la lujosa isla de Martha’s Vineyard (Massachusetts), en el noreste de Estados Unidos.
Se sumó así a un movimiento lanzado por los gobernadores republicanos de Texas y Arizona, decididos a enviar extranjeros indocumentados a ciudades demócratas del norte y el este del país, como protesta por la política migratoria del presidente Joe Biden.
Todas estas medidas se han implementado en Florida después de que el Estado haya experimentado un fuerte aumento del número de personas, en su mayoría cubanas y haitianas, que alcanzaron sus costas en embarcaciones precarias y de manera irregular.
Según datos de la Guardia Costera de Estados Unidos, desde el pasado primero de octubre, se han ha interceptado en el mar a 5.321 cubanos, frente a los 6.182 de los 12 meses anteriores (entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022).
Debido a esto, DeSantis ordenó la activación de la Guardia Nacional, medida que fue aplaudida por oficinas como la del Sheriff del condado de Monroe, la cual expresó su apoyo a la decisión del gobernador, poniendo a disposición 194 agentes para dedicar los recursos necesarios en gestionar el movimiento de cientos de migrantes y garantizar la seguridad pública adecuada.