La Corte Suprema de Estados Unidos examina este martes 28 de febrero una medida de Joe Biden para anular parte de la colosal deuda estudiantil, un asunto con grandes implicaciones económicas y de alto riesgo para el presidente demócrata.
“Este alivio es fundamental para más de 40 millones de estadounidenses mientras se recuperan de la crisis económica causada por la pandemia”, publicó Biden este martes poco antes del comienzo de la audiencia. “Confiamos en que es legal”, añadió.
Alrededor de 200 manifestantes se congregaron frente a la corte con carteles que respaldaban la política del presidente.
Lamar Brooks, de 22 años, un afroestadounidense de Baltimore, contó que tiene una deuda de 18 mil dólares y esta cantidad aumentará porque prevé seguir estudiando para graduarse de Psiquiatra.
“Podría beneficiarme, y también ayudará a otras minorías”, dijo, porque la deuda estudiantil es una “carga financiera generacional”.
A las 10 de la mañana (hora de Washington), los nueve magistrados empezaron a interrogar a los representantes de la administración que quieren aligerar las deudas contraídas por millones de estudiantes. Sus detractores lo consideran un abuso de poder que podría tener un altísimo costo.
La sentencia, que se espera antes del 30 de junio, tendrá un impacto directo en las finanzas de los exestudiantes. Pero la Corte, de mayoría conservadora, podría aprovechar para limitar el margen de maniobra del presidente Biden.
Casi 43 millones de estadounidenses tienen que reembolsar préstamos estudiantiles federales por un monto total de 1,6 billones de dólares.
Al comienzo de la pandemia de covid-19, el gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021) suspendió el reembolso de esos créditos debido a la parálisis económica.
Lo hizo gracias a una ley de 2003 que permite “aliviar” a los tenedores de deuda estudiantil en caso de “emergencia nacional”. La medida ha seguido vigente hasta ahora.
A finales de agosto de 2022, Biden, que se describe como un defensor de los obreros y la clase media, quiso dar un paso más y anunció que condonaría 10 mil dólares a aquellos que ganen menos de 125 mil dólares al año, y 20 mil dólares a los antiguos becarios.
Como era de esperar no faltaron candidatos. La Casa Blanca contabiliza 26 millones de solicitudes, lo que equivale a una factura total para el Estado de 400 mil millones de dólares.
La justicia bloqueó la aplicación de la medida después de ser denunciada por una coalición de estados con gobiernos republicanos, pero también por dos estudiantes que no pueden acogerse al descuento de 20 mil dólares.
Acusan a la administración demócrata de haberse excedido en sus facultades con el pretexto de la pandemia y de haber destinado dinero de los contribuyentes sin consultar al Congreso. Alegan que la ley de 2003 prevé el posible congelamiento de la deuda, no su cancelación.
“Estamos seguros de que tenemos la autoridad legal” para actuar, respondió este lunes 27 de febrero en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, recordando que el objetivo final del programa es “dar un respiro a decenas de millones de estadounidenses en todo el país”.
Con información de AFP