El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida realizó un anuncio que sin duda preocupa a los indocumentados que llegan a ese estado de los Estados Unidos.
Advirtieron que “harán cumplir estrictamente” la ley antiinmigrante SB 1718, en lo que tiene que ver con el no reconocimiento de las licencias de conducir emitidas en otros estados a indocumentados.
En un comunicado publicado en la web, Dave Kerner, director ejecutivo del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, recordó en un listado los tipos de licencias de manejar de otros estados que ya no son válidas en Florida, en virtud de la ley SB 1718.
Se trata de la ley SB 1718, que se encuentra vigente desde el 1 de julio pasado.
Quien también se pronunció en un comunicado fue Ron DeSantis, gobernador de Florida.
“Alguien que se encuentra ilegalmente en nuestro país y ha violado nuestras leyes no debe poseer una identificación emitida por el gobierno que le permita acceder a los servicios financiados por el Estado y otros privilegios otorgados a los residentes legales”, dijo DeSantis
En la lista publicada por el director ejecutivo del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, se especifica que no son válidas las licencias emitidas a indocumentados en los estados de Connecticut, Delaware, Hawai, Rhode Island y Vermont.
No obstante, advirtieron que la lista de licencias que no son válidas en Florida está sujeta a cambios.
Migrantes irregulares se defienden contra ley de inmigración en Florida
Varios grupos defensores de los derechos civiles interpusieron este lunes una demanda federal para impugnar la nueva ley de inmigración de Florida, que desde el mes anterior está afectando a millones de migrantes irregulares. La normativa restringe, incluso, el acceso libre a centros de salud para aquellos que no tengan sus documentos de inmigración al día.
El Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council fueron los grupos que promovieron la demanda en un tribunal federal de Miami en contra del gobernador de Florida, Ron DeSantis; la fiscal general del estado, Ashley Moody, y el fiscal estatal, Nicholas B. Cox, a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y otros grupos, según registros de la corte.
La demanda se enfoca específicamente en las disposiciones que penalizan el traslado a Florida de individuos que podrían haber ingresado al país de forma irregular y que desde entonces no han sido “inspeccionados” por el Gobierno federal.
A su vez, la denuncia afirma que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y castigue penalmente a las personas sin previo aviso. También dice que el uso por parte de Florida del término “inspección” no es coherente y es inconstitucionalmente ambiguo.
La oficina del gobernador no respondió de inmediato el lunes a un mensaje solicitándole sus comentarios sobre la demanda. Un portavoz de la oficina de DeSantis ha dicho previamente que la nueva ley se enfoca en la inmigración ilegal, y no en aquellos que están legalmente en Estados Unidos.