Donald Trump, acusado junto con sus dos hijos de haber inflado el valor de sus activos inmobiliarios en la década de 2010, compareció ante el tribunal de Manhattan este martes 3 de octubre, en el segundo día de este juicio civil.
Antes de entrar a la sala, el expresidente volvió a atacar ante la prensa a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, a quien calificó de “muy corrupta” y “extremadamente incompetente”. Luego se sentó en la sala frente al juez Arthur Engoron, y en presencia de uno de sus hijos, Eric Trump, y de James, que inició la investigación contra la empresa familiar del magnate y dos de sus hijos, Donald Jr y Eric, la Trump Organization.
James reclama a los acusados 250 millones de dólares por daños y perjuicios y la prohibición para el padre y los dos hijos de volver a dirigir una empresa en el estado de Nueva York.
Donald Trump, que amasó su fortuna en el sector inmobiliario y los casinos en los años 80, perdería entonces el control de varios de los edificios emblemáticos de su grupo, como la Trump Tower, en la 5ª Avenida de Manhattan.
El lunes, en el primer día del juicio, Trump dijo ante la prensa que lo que le está pasando “es una farsa” y una “caza de brujas”. “Lo que está ocurriendo aquí es una tentativa de perjudicarme en la elección”, agregó el favorito en las primarias republicanas para volver a la Casa Blanca en las elecciones del próximo año.
El juicio adquirió de repente una importancia considerable la semana pasada cuando Engoron, que lo preside, dictaminó que se había demostrado la existencia de “fraude continuado” y que la fiscalía general del Estado de Nueva York ya había demostrado que Donald Trump y los directivos de su grupo habían “sobrevalorado” su patrimonio entre 812 millones y 2.200 millones de dólares de 2014 y 2021.
Donald Trump siempre ha rechazado las acusaciones y ha intensificado sus ataques contra la fiscal James, una demócrata afroestadounidense a la que ha calificado de “racista”, y contra el juez Engoron, al que califica de “trastornado”.
En la segunda fila, a su derecha, estaba sentada la fiscal de Nueva York, Letitia James, que inició la investigación contra la empresa familiar del magnate y dos de sus hijos, Donald Jr y Eric, la Trump Organization.
“La justicia prevalecerá”, advirtió la fiscal demócrata afroamericana, a la que el magnate acusa de “racista”.
“Más próspero del planeta”
En el juicio, la defensa recordó que el “presidente construyó uno de los imperios inmobiliarios más prósperos del planeta” y negó que haya habido ninguna irregularidad contable” ni “fraude”.
“No se trata de ningún complot sino de hacer negocios”, sostuvo su abogada Alina Habba.
El abogado de la fiscalía, Kevin Wallace, recordó que el fraude ha quedado establecido jurídicamente y que las personas sentadas en el banquillo “habían inflado sus activos entre 812 y 2.200 millones de dólares por año” entre 2014 y 2021, como dictaminó la semana pasada el juez Engoron quien dio por válida la investigación de la fiscalía que había demostrado la existencia de “fraude continuado”.
En consecuencia, el juez ordenó la revocación de los permisos comerciales en el estado de Nueva York tanto para Donald Trump como para sus dos hijos, vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, así como la confiscación de las empresas objeto de la demanda, que se confiarán a liquidadores.
“Duro golpe”
Estas sanciones supondrían “un duro golpe para la capacidad de Donald Trump de hacer negocios en el estado de Nueva York”, según Will Thomas, profesor de derecho mercantil en la Universidad de Michigan.
Según la fiscalía, la superficie del apartamento del empresario en la Torre Trump se triplicó y el edificio del número 40 de Wall Street se sobrevaloró entre 200 y 300 millones de dólares en los estados financieros.
La lujosa residencia Mar-a-Lago de la Organización Trump en Florida y varios campos de golf también aparecen en el dosier.
En su plataforma Truth Social, Trump ha defendido que los bancos prestamistas han sido reembolsados “en su totalidad, con intereses, sin impagos y sin víctimas”. La defensa también pretende luchar con uñas y dientes sobre la valoración de los activos.
Con información de AFP*