La polémica, que surge a partir de las denuncias realizadas por el empresario de conciertos Ricardo Leyva hacia Sayco, fue recogida por La W Radio en su emisión matutina el 8 de Noviembre de 2011. Durante el programa, que contó con las participación telefónica de Leyva y Juan Carlos García - director adjunto de Sayco -, se realizaron graves denuncias contra la organización, en las que se señalaron anomalías en la autorización del concierto de la agrupación Aerosmith y en las que se acusó a la sociedad de no tener una reglamentación adecuada del cobro de sus tarifas y de no hacer un manejo transparente de los recursos que recaudan en eventos y espectáculos. La polémica se extendió por las redes sociales, en donde distintos músicos, empresarios y gestores expresaron su descontento con el accionar de Sayco. Revistaarcadia.com quiso conocer la opinión de algunos artistas y personas vinculadas al medio musical colombiano con respecto a la problemática de la Sociedad de autores y compositores. Para el músico Carlos Palacio “Pala”, radicado en la ciudad de Medellín, si existen anomalías e incongruencias en las actividades de la organización y califica el accionar de Sayco como “incompetente”. Aunque Sayco define la ejecución pública como todo acto por el cuál una pluralidad de personas reunidas o no en mismo lugar pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas (de acuerdo a la consignado en el Articulo 15 de la Decisión Andina 351/93), el compositor afirma no haber recibido regalías hasta la fecha por las ejecuciones públicas del himno del Club Deportivo la Equidad, de su autoría, que es interpretado en múltiples escenarios deportivos del país de la más alta concurrencia. Al indagar por las razones de la no recaudación, el artista recibió la respuesta por parte de Sayco de que “no recauda en estadios” y de que este tipo de ejecuciones “no son públicas”. El artista ve en ello una incongruencia, pues la organización diariamente recauda dineros en espacios tan limitados como “carnicerías, kioscos y peluquerías”. Estas irregularidades en la recaudación de eventos públicos se reproduce también en otros escenarios y parece dar cuenta de un proceso de pauperización en el que se encuentra el sector musical . En ese sentido, el músico y gestor cultural Andrés Correa, radicado en Bogotá, afirma: “Si quiero auto producir un concierto gratuito para 200 personas, como afiliado a la entidad, debo pagar $535.000 por adelantado. Por una parte son inflexibles con los pequeños productores -casi siempre sus mismos afiliados- y con los gestores de las pequeñas salas, pero por otra negocian tarifas irrisorias con los grandes empresarios y mega eventos.” Julián Mosquera, gerente operativo de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, afirma que aunque Sayco cumple una tarea que “busca beneficiar al artista”, por su forma de desarrollarse genera “situaciones injustas para los artistas”. Las exigencias económicas que le hace Sayco a los organizadores de conciertos, quienes son en muchos casos los mismos músicos, impiden que muchos intérpretes emergentes puedan obtener lucro alguno de su labor, impidiéndoles, de acuerdo a Mosquera “ser los empresarios de su propio espectáculo”. Para otros sectores, sin embargo, lo que comúnmente se entiende como “inoperancia” en las labores de Sayco es un asunto que es responsabilidad también de los músicos. Leonardo Garzón, gerente de música del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá (entidad que tiene a su cargo los Festivales al Parque), afirma que constantemente recibe notificaciones de incomodidades de los artistas en relación con la gestión de Sayco, pero que en muchas oportunidades estas provienen del desconocimiento de los artistas sobre las funciones y la estructura de la organización. “No se trata de que el músico, por tener obra reciba automáticamente regalías. Se debe cumplir un procedimiento que Sayco ya tiene establecido y que logra que su pago corresponda a lo que debe ser”. Para Sara Melguizo, miembro de la Unión del Sector de la Música (USM), las sociedades de gestión de derechos de autor en Colombia han generado tradicionalmente una enorme resistencia por parte de los mismos artistas, y coincide con Garzón en que se fundamenta muchas veces en el desconocimiento que los músicos mismos tienen de ellas. Para Melguizo, la transformación de las prácticas de este tipo de organizaciones se lograría únicamente a través de un “pronunciamiento a nivel gremial”. En este sentido, Mosquera afirma que “debería haber unas dos o tres sociedades de derechos de autor en el país para fomentar una sana competencia, para que los músicos eligieran a cuál quieren pertenecer y para que las condiciones generales de los músicos pueda mejorar”.