La Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos en contra del gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. En el proceso también se encuentra vinculada la exgobernadora de esa misma zona del país, Amparo Arbeláez Escalante.
Ambas personas son investigadas por su presunta responsabilidad en varias irregularidades detectadas en la donación de un bien público a una entidad privada.
Según lo revelado por la Fiscalía, la exmandataria tramitó una ordenanza ante la Asamblea Departamental que le permitía transferir bienes y celebró un contrato de cesión gratuita de un predio de más de 19.529 metros cuadrados con la Asociación Abrazar, representada en su momento por el actual gobernador.
Los hechos que son investigados se habrían registrado en el año 2007 y sobre esta base, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al gobernador y a la exgobernadora los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación; en una diligencia que se realizará en la fecha que fije el Tribunal Superior de Bogotá.
De acuerdo con las investigaciones, el inmueble que fue cedido está ubicado en el municipio de Calarcá en el departamento del Quindío y su valor superaba los $12.100 millones.
La Fiscalía indica que el predio habría sido entregado sin costo alguno a la organización particular para que pusiera en funcionamiento sus instalaciones. Por lo que indican que con estas actuaciones, al parecer, se vulneraron varias normas de orden constitucional y legal.
“Hay elementos de prueba que dan cuenta de posibles inconsistencias en la documentación y requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá que, presuntamente, indujeron en error a los funcionarios que protocolizaron la tradición del predio”, indica la Fiscalía.
La petición de Sergio Fajardo a la Fiscalía para que solicite la preclusión de investigación en su contra. Pruebas de su inocencia son contundentes
El exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y su equipo económico, del que formaba parte la exsecretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar, esperan que se escriba el capítulo final de la investigación que fue abierta por cuenta de un contrato de sustitución de deuda por 77 mil millones de dólares, que se incrementó por el aumento en el valor de la moneda extranjera y en el cual se indaga si no tomaron las medidas o previsiones necesarias ante una eventual fluctuación de la moneda, si se trató de un nuevo crédito o si se cometieron irregularidades.
Tal como lo había revelado SEMANA, la defensa del Fajardo y de su equipo económico, en cabeza del abogado Mauricio Pava, le solicitó formalmente a la Fiscalía que pida la preclusión de este caso, con base en que han recibido nuevas y recientes pruebas de las que entidades que participaron del negocio como Findeter, el Ministerio de Hacienda, el IDEA y la misma Gobernación de Antioquia, en las que señalaron que el negocio se hizo ajustado a la norma, a lo que se suma el fallo disciplinario de la Procuraduría que los absolvió.
Entre los argumentos para solicitar la preclusión de las investigaciones está que “en el marco de la acción penal, existe el instituto de la preclusión como instrumento de terminación anticipada del proceso penal inclusive en la etapa de juzgamiento. Así las cosas, ante la existencia de pruebas sobrevinientes que indiquen la inexistencia de un delito, o la imposibilidad razonable de desvirtuar la presunción de inocencia, la decisión de precluir una investigación por parte de la Fiscalía es una manifestación clara de transparencia, independencia y objetividad en el ejercicio de sus funciones”, señala la solicitud radicada ante la Fiscalía.
La petición del exgobernador Fajardo y de su exsecretaria Escobar no busca ir en contravía del fiscal Francisco Barbosa, que fue quien en su momento anunció la imputación de cargos, por el contrario, advierten que lo que esperan es que sea valorado ese nuevo material probatorio, que no se conocía al momento de iniciar el juicio, y con estos nuevos argumentos pedir la preclusión y evitar un desgaste innecesario del aparato judicial y, por esta vía, terminar este proceso.
“Le solicitamos respetuosamente con base en los criterios de justicia material y razonabilidad, promover la finalización de los procesos que cursan, lo cual además de permitir la reorientación de los recursos técnicos y operativos de la Fiscalía en asuntos que así lo requieran, es un mensaje legítimo de independencia y objetividad en el ejercicio de funciones que guía la gestión de la Fiscalía”, se lee en la solicitud.
Y es que, así como lo plantea esta petición, estos argumentos fueron el factor determinante para que la Procuraduría cerrara la investigación contra Fajardo, Escobar y Álvarez. Las entidades involucradas en el millonario contrato certificaron, con documentos, que la actuación de los funcionarios estuvo acorde con la ley y no fue una decisión acelerada que afectó las finanzas del departamento.
Así lo certificó el Ministerio de Hacienda, en un documento firmado por la coordinadora del grupo de asuntos legales, Claudia Marcela Gómez, y entregado el 12 de diciembre del año pasado. En él, reiteran que se trató de un crédito público interno en dólares y descartan de tajo la necesidad de celebrar una operación de cobertura cambiaria. También lo hizo la Gobernación de Antioquia en un concepto de la subsecretaria de Hacienda, Diana Patricia Salazar, entregado en noviembre pasado, en el que ratifican que el pago del crédito fue debitado en pesos y que se tomaron todas las precauciones.
La financiera estatal Findeter, que fue la que en principio asesoró y aprobó el negocio a la secretaria de Hacienda María Eugenia Escobar, también aclaró que no se trató de un acto deliberado para afectar las finanzas de Antioquia, por el contrario, fue una operación en la que se cumplieron los requisitos y se estudiaron los riesgos. Aclaran que, en este negocio, el banco CorpBanca era el intermediario y el deudor de Findeter.
Para la defensa de Fajardo y su equipo económico de la Secretaría de Hacienda es importante que se tengan en cuenta las nuevas pruebas y afirman que de ser acogida la petición para que la Fiscalía petición la preclusión del caso, esto daría “contenido y materialidad a las medidas de garantía y protección solicitadas al Gobierno nacional por parte del relator de Naciones Unidas para este caso, puesto que investigar rigurosamente y pedir preclusión también es administrar justicia”.