Por medio de un comunicado a la opinión pública, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, se refirió al tema de la solicitud de imputación de cargos en su contra realizada por la Fiscalía General de la Nación.
El caso tiene que ver con la presunta responsabilidad del mandatario y la exgobernadora de ese departamento cafetero, Amparo Arbeláez Escalante, en varias presuntas irregularidades detectadas en la donación de un bien público a una entidad privada.
De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía relacionada con ese caso, la exmandataria tramitó una ordenanza ante la Asamblea Departamental que le permitía transferir bienes y celebró un contrato de cesión gratuita de un predio de más de 19.529 metros cuadrados con la Asociación Abrazar, representada en su momento por el actual gobernador. Los hechos que son investigados se habrían registrado en el año 2007.
El gobernador Jaramillo Cárdenas, indicó que tuvo conocimiento del caso por medio de un boletín informativo emitido por la Fiscalía. El mandatario aclara “como odontólogo pediatra inicié hace más de treinta años una labor social voluntaria con el único objetivo de contribuir, desde mi profesión, al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas del Quindío”.
Destaca en el comunicado “en el desarrollo de esa labor social, solicité al Departamento del Quindío la donación de un predio, ubicado en Calarcá, lote que, desde que fue donado en el año 2007, cumplió con una única misión social: que las niñas y niños tuvieran mejores condiciones para sus tratamientos y brindarles un espacio digno para realizar sus terapias, todo esto sin ánimo de lucro”.
Sobre este caso el ente acusador reveló que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia busca imputarle al gobernador y a la exgobernadora los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación; en una diligencia que se realizará en la fecha que fije el Tribunal Superior de Bogotá.
El mandatario dijo además que la Fiscalía hace referencia a hechos que ocurrieron en el año 2007, “tiempo en el que actuaba bajo la figura de voluntario y representante legal de la fundación Abrazar, y no en el desarrollo de mis labores como funcionario público, por lo que no están relacionados con mis funciones como gobernador”.
De acuerdo con las investigaciones, el inmueble que fue cedido está ubicado en el municipio de Calarcá en el departamento del Quindío y su valor superaba los $12.100 millones.
La Fiscalía indica que el predio habría sido entregado sin costo alguno a la organización particular para que pusiera en funcionamiento sus instalaciones. Por lo que indican que, con estas actuaciones, al parecer, se vulneraron varias normas de orden constitucional y legal.
Con relación a esta situación Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas dijo “este predio fue entregado, de manera legal, por la gobernación, con su respectiva ordenanza, y actualmente le pertenece al departamento”.
Insta a los organismos de control a que adelanten todas las investigaciones que permitan aclarar la situación y que está dispuestos a colaborar y brindar la información que la justicia requiera.
Destaca que con la fundación Abrazar lograron realizar tratamientos integrales gratuitos, beneficiando a cerca de 25.000 niños y niñas vulnerables en condición de discapacidad de todo el país.
Por último, el gobernador afirma “solo Dios en su justicia conoce mi corazón y mi buen proceder”; mientras que la Fiscalía asevera que hay elementos de prueba que dan cuenta de “posibles inconsistencias en la documentación y requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá que, presuntamente, indujeron en error a los funcionarios que protocolizaron la tradición del predio”.