Los más de 1.200 nuevos cargos decretados para la Procuraduría General de la Nación siguen causando polémica por los altos costos y la figura de libre nombramiento y remoción. En medio de las críticas y las justificaciones del Ministerio Público, la Coalición Centro Esperanza le pidió al presidente Iván Duque derogar el decreto con el que se reglamentaron las nuevas posiciones que le costarán al país cerca de 12.000 millones de pesos en nómina.
Por medio de una misiva, la coalición moderada rechazó “de forma categórica” el Decreto 1851 de 2021, el cual delimita, enumera y especifica cuáles son estos nuevos cargos. En el mismo comunicado, anotaron que la misma procuradora Margarita Cabello negó lo que hoy trascendió en medios de comunicación.
“Cuando se filtraron los primeros indicios sobre la expedición de esta medida, la señora procuradora Margarita Cabello negó la posibilidad que ahora se concreta. Llama la atención la fecha escogida para expedir esta norma, en momentos en que el país está celebrando festividades de fin de año”, reza el documento.
Resaltaron que, además de ser “un acto de derroche de fondos oficiales”, esto podría tener efecto en las próximas elecciones y, en específico, en la candidatura del exalcalde Alejandro Char. Existen versiones que vinculan a la procuradora Cabello con quien fue mandatario en Barranquilla y, según esto, habría una relación cercana que hasta terminó en solicitudes de un procurador ad hoc para investigar la corrupción en la capital del Atlántico.
Por esto, los precandidatos de centro dicen que “es conocido por la opinión pública que la señora procuradora tiene cercanos nexos políticos con la llamada casa Char, uno de cuyos miembros es candidato a la Presidencia de la República”, aseveró el grupo que se prepara para la misma contienda en 2022.
Por esto, le solicitaron al primer mandatario Iván Duque “que en cumplimiento de sus deberes de imparcialidad deje sin validez el decreto, lo someta a riguroso examen respecto de su conveniencia y, en todo caso, aplace su eventual vigencia para después del proceso electoral”.
Según los miembros de la alianza, “nada de ese decreto tiene carácter urgente y perturba de manera significativa el actual proceso electoral”.
Además, no dejaron de resaltar que, en su opinión, la Procuraduría se ha vuelto un centro de derroche. Todo esto, sustentado en que le “cuesta al país 1,8 billones de pesos al año y entre 2021 y 2022 su presupuesto creció un 13 %”, señalaron, llamando al debate sobre los indicadores del Ministerio Público.
Finalmente, resaltaron que Cabello “debe dar la cara ante el país y explicar por qué la entidad a su cargo busca convertirse en un fortín de los amigos políticos que la eligieron y que aspiran a contar con su favor en las próximas elecciones para perpetuarse en el poder y que nada cambie en Colombia”, concluyeron.
Esto va en concordancia con la propuesta de Juan Manuel Galán, uno de sus precandidatos del centro, de acabar por completo con la Procuraduría General de la Nación. En cambio, plantea una Jurisdicción Especial contra la Corrupción. Al tiempo, critica fuertemente el control fiscal y a la Fiscalía por haberle “fallado al país”.
A su vez, Humberto de la Calle, cabeza de lista al Senado de la Coalición Centro Esperanza, no dudó en señalar con nombre propio a quienes él cree que le pertenecen los nuevos puestos del Ministerio Público. Así lo dio a conocer en Twitter.
“1.200 cargos para la Casa Char en la Procuraduría”, respondió a un trino que resaltaba que las maquinarias se encuentran “aceitadas” para las próximas elecciones. El exalcalde de Barranquilla y sus aliados aún no responden a las fuertes acusaciones de la coalición de centro.