El Acuerdo de Paz con las Farc, que se firmó hace cuatro años, contempla que los exguerrilleros deberán retornar a la vida civil y que se les garantizarán sus derechos como ciudadanos colombianos. Sin embargo, en la realidad —y como muchos pronosticaban— este objetivo difícilmente se ha cumplido. Desde que la entonces guerrilla pactó el cese de la violencia, 216 excombatientes han sido asesinados. El caso más reciente fue el de James Andrés Montaño, habitante de Puerto Limón, Putumayo, que fue encontrado muerto luego de cinco días de estar desaparecido, a orillas del río San Miguel. Montaño se convirtió en la víctima número 216 en el informe que revela el partido Farc, donde detalla, caso por caso, los excombatientes muertos en todo el país y que formaban parte del proceso de reincorporación.
El documento también deja entrever que en 2016 se registraron dos asesinatos, teniendo en cuenta que la firma del acuerdo fue en noviembre y que las muertes de los dos exguerrilleros fueron en ese mismo mes. Así mismo, revela que en 2017 hubo 34 asesinatos; en 2018, 66; en 2019, 83, y en lo que va corrido de 2020 se contabilizan 31 excombatientes fallecidos. Igualmente, del cuadro se puede analizar que los departamentos con más casos son: Cauca con 37, Nariño con 26, Antioquia con 24, Caquetá con 20, Putumayo con 18, Norte de Santander con 17, Meta con 16 y Chocó con 11.
Frente a este panorama, Luis Alberto Albán, representante por el partido Farc, más conocido como Marco Calarcá, dice que “lo que más le preocupa es la incapacidad del Estado y la falta de voluntad política del Gobierno de garantizar la vida a los firmantes de la paz”. Además, agrega que ellos como excombatientes tienen un “derecho a la vida reforzado” porque, además de la Constitución y el derecho a la vida que esta contempla, también se pactó en el acuerdo que se les garantizaría este derecho. Albán critica que no se han dado respuestas claras sobre quiénes son los responsables de los asesinatos. “Ahora la forma más fácil es señalar para el monte. El Gobierno lo que hace es señalar a la selva, decir que allá están los responsables, que son las disidencias, los narcos, los elenos, entre otros, pero ¿por qué no responden por la vida de la gente?, ¿quién está haciendo eso? Ahí están los organismos de inteligencia que tienen que responder estas preguntas”. Agrega que el papel de ellos es cumplir su compromiso con la legalidad, pero que la responsabilidad de protegerlos sigue siendo del Estado, por lo que menciona que “con mucho dolor vemos cómo caen asesinados los excombatientes y es increíble que el mundo no se estremezca por esta situación, que en nuestro país el asesinato no solo de firmantes de la paz, sino también de líderes sociales, se vaya conviertiendo en algo normal”.
En este sentido, Carlos Lozada, senador de la colectividad, dice que “el Gobierno no ha querido implementar los acuerdos, ni se ha generado la política pública a la que se comprometió el Estado”. También menciona que “hay una clara decisión del Gobierno de mirar para el otro lado, de desconocer el hecho como algo de suma gravedad que pone en entredicho no solamente la implementación del acuerdo y la sostenibilidad de la paz, sino la propia capacidad del Estado colombiano de garantizar la vida de los colombianos”. Igualmente, agrega que “recientemente solicitamos unas medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas (ONU) que en el último informe señalan que esto evidentemente es un fenómeno más complejo”. Por otro lado, Lozada también recuerda que “en la última reunión de la Comisión de Paz del Senado se hicieron unas denuncias muy graves por parte de las comunidades del departamento del Cauca, en las que se dice que los grupos que han venido persiguiendo a los exguerrilleros en esa región, y que han asesinado también a los líderes sociales, operan bajo la cobertura de ser disidencias, pero están cooperando y actuando con las Fuerzas Militares”. Y agrega que “ellos denuncian, dan el nombre de las fincas, dónde están las patrullas y las bases militares y cómo a escasos kilómetros se usan también los campamentos de estas mal llamadas disidencias, lo cual lo lleva a uno a concluir que detrás de esa fachada, por lo menos en ese caso específico, están operando grupos paramilitares en convivencia con las Fuerzas Armadas”.
Frente a todo este panorama, el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, ha dicho que a pesar de las cifras, la seguridad de esta población no ha sido debilitada por la pandemia y que el Gobierno es consciente de que la amenaza son los narcotraficantes que, dependiendo de la zona, están detrás de los asesinatos de los excombatientes. “Son entre un 75 y un 80 % grupos de narcotraficantes. Principalmente las mal llamadas disidencias, luego el ELN y los demás”, dijo Arcila recientemente. Archila también ha afirmado que “es absurdo e irresponsable vincular al presidente con ataques a excombatientes” y que la implementación del acuerdo final es seria, verificable y reconocida por las comunidades.
Este hecho, sin duda, afecta los acuerdos firmados entre el hoy partido político Farc y el Estado colombiano, en el que los reinsertados temen lo que pueda pasar con su vida, especialmente en los territorios en los que tradicionalmente ha hecho falta la presencia de organismos estatales. Por ahora, la cifra de excombatientes asesinados, así como la de líderes sociales, sigue en aumento, y esto empieza a generar una enorme preocupación. Se sabe que por estos días hay una movilización que se ha denominado la Marcha por la Dignidad, de la cual forman parte organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y líderes sociales, entre otros, y que comenzó en Putumayo, ya pasó por Ibagué y buscará llegar a Bogotá en las próximas semanas para exigirle al Estado colombiano que busque mejores alternativas para frenar una violencia que parece de nunca acabar.