Colombia no olvida el trágico día de agosto de 1998, hace 24 años, en el que más de 500 guerrilleros de las extintas Farc irrumpieron en el municipio de Miraflores (Guaviare), en uno de los ataques más brutales del grupo guerrillero.

En el hecho, 35 miembros de las Fuerzas Militares fueron asesinados, 25 resultaron heridos y 129 fueron secuestrados, fueron 73 soldados del Ejército y 57 policías.

Sin duda alguna, como señala una de las organizaciones que ha venido participando en las audiencias de la JEP, la corporación MilVíctimas, la toma de Miraflores se constituye en uno de los hitos más representativos que ha infringido el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Fue un día oscuro, una pesadilla que el país espera, no se repita.

Años después de lo ocurrido, los familiares de los efectivos víctimas del ataque empezaron acudir masivamente a la Justicia, con el fin de que las autoridades reconocieran la responsabilidad patrimonial del Estado en estos hechos, dada la precaria preparación que habían recibido militares y policías que resistieron la arremetida.

La corporación, que reúne a militares, señala en sus observaciones presentadas ante la JEP, que dentro de los delitos que se configuraron en el demencial hecho, están el uso de medios y métodos prohibidos por el DIH, hostigamiento, secuestro, tortura y homicidio en persona protegida.

Cabe recordar que la justicia ha tomado decisiones. Por ejemplo, el Consejo de Estado, el 11 de abril del 2016, señaló que durante esta toma se vulneraron varios derechos a los miembros de la Fuerza Pública, entre los que se encuentran: el derecho a la vida, a la dignidad humana, la integridad personal, la libertad y locomoción.

Pero fue en el 2008 que el Consejo de Estado reconoció por primera vez la responsabilidad de las instituciones en estos hechos. Por eso, condenó al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares, por no haber tomado las suficientes medidas para proteger a la población y los agentes estatales frente a un eventual ataque de la subversión que, finalmente, se produjo.

Después de 24 años de la toma guerrillera, en el documento de observaciones conocidas por SEMANA, los militares víctimas de estos hechos hacen un reclamo a la sociedad y especialmente a los mecanismos del Sistema Integral por una justa participación como víctimas ante el sistema y reconocimiento como sujetos de derechos.

“Este sector poblacional, objeto de mayores afectaciones durante el cautiverio, como lo son torturas, agresiones físicas, castigos inhumanos, agresiones sexuales, presión psicológica, entre otras, pide ser reconocido y reivindicado por la sociedad”.

Al mismo tiempo, hace un llamado a los victimarios, miembros de las extintas Farc, “a aportar verdad plena, actos simbólicos de reparación y sobre todo de responsabilidad sobre estos hechos”, advierten en el listado de reparos que presentaron ante la justicia transicional.

En otras palabras, militares víctimas de la toma de Miraflores, piden una cosa puntual: no seguir excluyendo a los uniformados que padecieron los horrores de la guerra en medio del conflicto armado. Hacen un llamado a que la participación de las víctimas tenga una representación equitativa, en la que se incluyan a todos los sectores que sufrieron en medio de la confrontación.

La Corporación MilVíctimas en representación de los militares víctimas del conflicto armado y sus familias, reconoce un avance que, señalan, “muestra la superación de la disyuntiva que yace entre la justicia y la paz. Sin embargo, observa y hace un enfático llamado a la ampliación de la participación de las víctimas, permitiendo la garantía efectiva de sus derechos, entendiéndola desde una perspectiva integral y no limitada, que supere la desconfianza en las instituciones y promueva una paz estable y duradera para todas las víctimas sin exclusión”.