El más reciente informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos es verdaderamente impactante por cuenta del balance que se hace de la situación del país en las últimas dos semanas tras el paro nacional.
En primer lugar, señala el documento de la Consejería Presidencial Para Los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, a cargo de Nancy Patricia Gutiérrez, que la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo activaron de manera conjunta el Mecanismo de Búsqueda Urgente de personas, en el cual se han reportado, por diversas fuentes, 548 personas para ubicación.
Gracias al mecanismo se han localizado 227 personas. En este proceso, se ha determinado que 153 solicitudes eran infundadas y continúan 168 casos activos. Al 9 de mayo de 2021, la Fiscalía reportó 0 denuncias por desaparición forzada.
El informe advierte que en Colombia, desde el 28 de abril al 10 de mayo de 2021, se han presentado 5.569 actividades de manifestación social (2.682 concentraciones, 1.215 marchas, 299 movilizaciones,11 asambleas) en 750 municipios, con la participación 878.581 personas y se han presentado 1.362 bloqueos, esto por datos de la Policía Nacional.
De igual manera, señalan que, en el marco de las manifestaciones públicas han sido lesionadas 716 personas y 35 fallecidos (15 con relación directa a la jornada de paro), 11 en proceso de verificación y 9 ocurren en la jornada de paro pero no guardan relación directa). Pero también es muy difícil la situación para la fuerza pública, pues las cifras señalan que hay al menos 849 uniformados de la Policía Nacional lesionados y 1 uniformado fallecido.
De igual manera, se afirma que la Policía Nacional abrió 65 investigaciones disciplinarias, así: Abuso de autoridad: 27; Homicidio: 8; Agresión física: 11; Lesiones personales: 5; y otras conductas: 14.
Panorama Nacional en materia de Derechos Humanos
El reporte señala que se han presentado 57.346 comportamientos contrarios al Código de Convivencia en el marco del la contingencia social entre 28 de abril y el 10 de mayo de 2021.
De igual manera, se revela que la Fiscalía general de la Nación, tramita a través de la Delegada para la Seguridad Ciudadana 35 denuncias por el delito de homicidio, en el marco de las manifestaciones en el territorio nacional: 15 de ellas tienen relación directa con la protesta social, 11 no tienen relación con la misma y 9 se encuentran en verificación.
El informe de la consejería también señala que el ente investigador ha recibido 538 noticias criminales. Las cuales se agrupan en su mayoría en las siguientes seccionales: Bogotá (264), Cali (109), Medellín (34), Cundinamarca (23), Risaralda (18), Santander (13), Cauca y Magdalena (12), Valle del Cauca (9), Meta y Nariño (6), Boyacá y Huila (5)
Los lugares de mayor riesgo, señala el Gobierno tras los actos violentos que se han presentado son: Bogotá, Cali, Yumbo, Palmira, Medellín, Pereira, Soacha, Madrid, Neiva, Armenia, Barranquilla, Pasto, Manizales, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué y Popayán.
La radiografía de Cali
La situación más difícil, según advierte el informe, se presenta en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, que “de tiempo atrás vive una tensión social, derivada de la complejidad en la conformación de la población: comunidades étnicas, indígenas, comunidades negras y afro, víctimas del conflicto; vulnerables por discriminación, pobreza, inequidad, altos índices de necesidades básicas insatisfechas”.
Algunos de los factores del estudio evidencian varios elementos. En primer lugar, según el documento, se trata de la capital del suroccidente colombiano, “afectada por el mayor número de hectáreas con cultivos ilícitos, en la que se presentan conflictos de tierras, disputas entre grupos ilegales por las rutas de narcotráfico, explotación ilegal de recursos naturales” y advierte que esto “ha implicado que Cali sea ciudad receptora de cientos de familias desplazadas de la costa pacífica y del sur del país”.