Con el fantasma latente del contrato de Centros Poblados y los 70 mil millones de pesos del anticipo todavía embolatados, la Procuraduría General le hizo una fuerte advertencia al Ministerio de las TIC frente a la licitación del proyecto ‘Escuela Potencia Digital’ que busca “conectar y operar” en 3.082 escuelas de las zonas más apartadas del país.
Para el organismo de control disciplinario, el mencionado proceso de licitación presentaba varias irregularidades, pues el pliego de condiciones fue modificado en varias oportunidades, lo que podría buscar beneficiar a un solo de los oferentes, generando así una afectación a los principios de la contratación pública.
“Esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a suspender los trámites del proceso de selección y a analizar en detalle los escenarios en los cuales la entidad tendría la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura de la licitación, toda vez que de los planteamientos suministrados por este ente de control se desprenden escenarios de posible nulidad del negocio jurídico a celebrar”, indica uno de los apartes del documento de diez páginas.
Tras esto, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, manifestó este jueves que se tomó la decisión de suspender provisionalmente la licitación que estaba programada para este 5 de julio, todo esto “mientras acudimos a una reunión solicitada por mí al órgano de control para explicar el asunto, encuentro al que además invitaré a la Contraloría para dar más garantías de transparencia”.
Sin embargo, el Ministro aseguró que en ningún momento se presentó una modificación o se buscó beneficiar a ninguno de los oferentes “Aclaramos que dicho anexo es una explicación de los mismos, no una modificación. Así mismo, en ningún momento favorece o cambia las condiciones para ningún proponente. No obstante, con el fin de brindar garantías y tranquilidad a la opinión pública, he decidido suspender la adjudicación”.
Los cuestionamientos de la Procuraduría General
En el documento enviado al Ministerio de las TIC, la Procuraduría General advirtió por varias irregularidades en el proceso de licitación lo que pondría en grave riesgo los recursos públicos y el objetivo del millonario contrato que tiene como foco una de las poblaciones más vulnerables.
“El Ministerio público encuentra que con la aclaración presentada se genera un cambio significativo en los requisitos mínimos de los equipos solicitados para la prestación del servicio de internet en las entidades educativas, generando así, posiblemente, una nueva interpretación del pliego en su conjunto, y una presunta modificación de este”, advirtió el procurador delegado.
Igualmente, considera que se limitaron las ofertas, hecho que en un pasado ha generado que solamente uno de los interesados cumpla, en el papel, con los requisitos. En varios casos, esto ha generado problemas en cuanto a la ejecución de los contratos y la inversión de los recursos.
“Lo manifestado por los oferentes permite vislumbrar que la lectura integral del pliego de condiciones definitivo, se modificó por medio del documento de respuesta a observaciones, situación que lleva a entender la naturaleza del documento como una adenda, desde la perspectiva de los agentes del mercado participantes y la de este ente de control”, explicó el representante de la Procuraduría.
“Podría indicarse que no se trató simplemente de sanear aspectos formales, sino, posiblemente, también de modificar aspectos de fondo, en el entendido que los mismos, de manera implícita, conllevaron a modificaciones en las condiciones económicas para la participación en el proceso”, señala otro de los apartes de la carta enviada al ministro Lizcano.