A las estaciones de Policía de muchos municipios, incluidas grandes ciudades, ya no les cabe un preso más. Por ejemplo, en el Valle de Aburrá, Antioquia, según estadísticas de la Personería, el hacinamiento supera el 210 %. El panorama más crítico se tiene en las instalaciones de la Sijín, donde hay cupo para 20 personas, pero hay 357. Los uniformados, sin conocimiento en la materia y corriendo todo tipo de riesgos, intentan controlar la sobrepoblación de sindicados y condenados.
El nivel de ocupación es tan alto que, en el municipio de Sonsón, Antioquia, las autoridades se vieron en la obligación de adecuar un inmueble particular en celdas para albergar a hombres calificados como un peligro para la sociedad. La misma institución reconoció que ese lugar no tiene las medidas de seguridad suficientes para garantizar la permanencia de los capturados, que en cualquier momento podrían escapar.
Los policías tienen que hacer sobreesfuerzos para que el sistema no colapse. Es el caso de la ciudad de Ibagué, donde hacen vaca entre los patrulleros y altos mandos para reparar la infraestructura averiada y frustrar la fuga de los capturados: “Nosotros recogemos plata para arreglar varillas, techos, lo que resulte, porque es muy duro conseguir los recursos”, reconoció uno de ellos en conversación con SEMANA, cuya identidad pidió omitir.
Si bien estos espacios no están diseñados para contener a personas por largo tiempo, hay detenidos que suman más de un año detrás de las rejas de la Policía, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) habilite un puesto en sus establecimientos, también afectados con un hacinamiento del 25 %. Hay cupos para 81.781 reclusos, pero la ocupación es dramática: hay 102.446, con corte a este viernes.
La situación es angustiante en Bucaramanga: hay lugar para 123 capturados y hay más de 700. Si bien las condiciones de salubridad son críticas, al alcalde también le preocupa que los uniformados están cumpliendo funciones que no les corresponde: “Tengo a más de 90 policías cuidando a sindicados, cuando deberían estar en la calle apoyando los problemas de la ciudad. Su formación no fue para eso, entonces necesitamos una solución urgente”.
De otro lado, en el caso de Cali, la Personería Distrital señaló que en la capital del Valle hay un hacinamiento de hasta el 700 %, una cifra realmente alarmante.
Frente a esto, el personero Gerardo Mendoza Castrillón indicó: “Estamos presentando una situación que está comprometiendo los derechos humanos de este tipo de personas. Hay 43 estaciones de Policía que tienen una capacidad normal para 309 personas privadas de la libertad y se tiene en la actualidad 2427, esto implica un hacinamiento del 700 %”.
El funcionario le hizo un llamado a la Alcaldía Distrital para profundizar más en su política carcelaria. “Necesitamos celeridad para encontrar solución a este problema”. En cifras compartidas por la Personería, se aprecia que la estación de Fray Damián, centro de la ciudad, es la que más alberga personas privadas de la libertad. Son en total 540 presos, de quienes hay 530 sindicados y 10 condenados.
La otra estación con gran número de presos es Guabal, con 115 sindicados. A esa lista se suma la estación de Los Mangos, oriente de Cali, con 199 privados de la libertad. Allí tan solo hay un condenado, los demás son sindicados.