El debate de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, estuvo álgido. Algunos de los argumentos más duros contra su gestión estuvieron a cargo de Paloma Valencia. La senadora aseguró que presentaba una serie de hechos preocupantes al interior de las Fuerzas Armadas, pero que no lo hacía con el interés de atacar a la institución o a sus miembros, sino de hacer evidente que el Gobierno tenía relegada la inversión en las fuerzas armadas y que sus políticas además le han hecho un enorme daño al orden público.
Uno de los temas que más causo impacto fue la relevación de que, por cuenta de la falta de mantenimiento de los helicópteros, los miembros de las Fuerzas Especiales ya no pueden entrenar en las aeronaves y tienen que simular que están en el aire montándose en las ramas de los árboles altos.
“Algunos [integrantes] de las fuerzas especiales contra narcóticos me contaban que, normalmente, los ejercicios que hacían eran desde los helicópteros y las torres, pero como los helicópteros están en tierra (esos helicópteros rusos que no funcionan), los aviones se están cayendo, ya no tienen capacidad de vuelo, entonces ahora los ejercicios se hacen desde los árboles”, explicó con más detalle en Vicky en SEMANA.
La senadora compartió esas fotos en la sesión en el Congreso. Pero además, entregó muchos otros datos que dan cuenta de lo que vive el país en ese frente. Según su investigación, hoy Colombia tiene 16.767 hombres alzados en armas de manera ilegal, un incremento de 3.587 hombres en el Gobierno Petro, lo cual sitúa al país en las cifras anteriores al proceso de la Habana. “Con ese ritmo de crecimiento, este Gobierno dejaría en 2026 unos 25.153 hombres alzados en armas; de vuelta al 2008″, aseguró en el debate.
Agregó que, según la Defensoría, los grupos ilegales han aumentado su control en municipios de Colombia: disidencias de las Farc pasaron de estar en 230 a 299 municipios; el ELN de 189 a 231 municipios; y el Clan del Golfo pasó de tener presencia en 188 a 210 municipios.
Otro frente del cual habló fue la política antidrogas. “Estamos viendo cómo han caído las incautaciones de droga, la disminución en las capturas por parte de la policía y el recrudecimiento de la violencia en las regiones del país. Hoy Colombia tiene 16.767 hombres alzados en armas en la ilegalidad, siendo el Gobierno Petro en el que registraron el mayor aumento (3.587 nuevos hombres) aún faltando dos años para terminar el mandato. Es decir, Colombia volvió a cifras anteriores a la firma del acuerdo de paz de La Habana”, afirmó la senadora.
Y aseguró que el gobierno debilita a las Fuerzas Armadas. En ese aspecto mencionó la masiva salida de miembros de la Fuerza Pública. “En el caso de la Policía, por ejemplo, la disminución de generales ha sido del 54 % y de los coroneles en un 32%. Además, se observa una decisión a limitar el acceso a armas y helicópteros funcionales. Es evidente el efecto de la decisión de no comprar armas a Israel, y lo que está pasando con los helicópteros rusos, donde la comunicación de los rusos deja claro que ellos plantearon alternativas y que el Ministerio de Defensa no quiso avanzar en la solución del problema, dejando como resultado 11 naves en tierra. El efecto de desmoralización de las fuerzas ha dado lugar a masivos retiros”, asegura su reporte.
“En el Ejército Nacional han salido 11 generales, 108 coroneles y tenemos 35.435 colombianos menos presentando servicio militar que en 2021; en la fuerza aeroespacial salieron 17 coroneles, 1.064 operadores militares y 1.052 efectivos menos del servicio militar; en la Armada se han ido 14 generales, 21 capitanes, y 5.502 operadores militares; la policía nacional hoy no tiene mayores generales, ha perdido 20 generales, más de 2,600 auxiliares de policía, entre otras pérdidas. A esto se suma que muchos de quienes han salido de las Fuerzas Armadas llevan más de 7 meses sin recibir su liquidación ni el pago de sus cesantías. Esto dificulta la operación de las fuerzas militares, con el agravante que se registran muchos cambios en viceministerios y direcciones de MinDefensa”, enfatizó la congresista.
Las denuncias
La senadora Paloma Valencia realizó en redes sociales una grave denuncia con relación a las malas condiciones en las que estarían miembros de la Fuerza Pública, por cuenta de la inacción del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, la congresista publicó un video en el que se escucha hablar a un hombre que, al parecer, sería exintegrante de la Fuerza Pública y quien relata cómo varios de sus elementos se encontraban en mal estado.
“Exmiembro de la Fuerza Pública denuncia que tenían armamento obsoleto, granadas vencidas e implementos que no se han actualizado”, escribió la senadora.
En el audiovisual, el hombre que habla calificó la situación como algo “crítico” y aseguró que varios de sus objetos se encontraban en muy mal estado, algo que deberían de estar experimentando varios soldados en este momento. Según dice, las granadas pueden tener hasta un año de vencimiento.
“Si yo pudiera decir que mandaran a hacer una revista en este momento del Batallón tal o de la brigada especial contra el narcotráfico y revisaran el armamento vencido que tienen las compañías, lo sacan porque no lo han hecho, no lo han destruido y ahí lo tienen”, mencionó.
En otras publicaciones, Paloma Valencia destapó lo que estaría pasando al interior del Ejército y las Fuerzas Armadas que, según dice, estarían siendo debilitadas.
En uno de los videos, un exmiembro de la Fuerza Pública afirmó que se retiró por inconformismo por la falta de recursos que se estaría presentando al interior de varias instituciones. El hombre en cuestión mencionó que no estaba de acuerdo con cómo se estaba llevando la vida en el Ejército.
“No contábamos con recursos para hacer ejercicios, para lo que estábamos especializados como el asalto aéreo que se hace por helicóptero. A lo último nos tocaba colgarnos en las ramas de los palos y descender para no perder la habilidad”, comentó.
Al igual que en el primer testimonio, este soldado sostuvo que cargaban con armamento vencido, especialmente granadas que estaban viejas y golpeadas. “Eso lo va aburriendo a uno y ese es el motivo por lo cual muchos nos estamos retirando”, señaló.
En otra de las denuncias, el hombre manifestó que lleva más de siete meses esperando su liquidación, aunque, según dijo, hay compañeros suyos que incluso se les ha cumplido un año y todavía no reciben el dinero que les corresponde por ley.