Desde Medellín, el fiscal Francisco Barbosa entregó los resultados de varias investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la Alcaldía de la ciudad. Se trata de hallazgos derivados de algunas denuncias que fueron entregadas al ente acusador con el detalle de algunos sucesos que se convirtieron en investigaciones formales con responsabilidades puntuales.
Por estas denuncias, seis exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y seis contratistas serán citados a imputación de cargos por delitos como celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Se trata de irregularidades en la firma de cuatro contratos, durante la pandemia y por más de 68.000 millones de pesos.
El fiscal advirtió de qué forma se adelantaron las investigaciones y cómo los fiscales delegados contra la corrupción se encargaron de avanzar en los procesos, recopilar las pruebas y ubicar a los presuntos responsables de las irregularidades detectadas. Así se llegó a los resultados que se presentan al país, con las imputaciones a los exfuncionarios.
Zonas verdes
El primer contrato, que fue objeto de cuestionamiento por parte de la Fiscalía, justamente derivado de las denuncias que llegaron al ente acusador. En este caso, el contrato se firmó en octubre de 2020, por cuenta de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín con la empresa Metroparques y llegó a la suma de 5.250 millones de pesos, para el manejo de las zonas verdes de Medellín.
“Por este caso se imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano, y a la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez”, dijo el fiscal.
La investigación de la Fiscalía logró demostrar que Metroparques, a través de invitación privada, convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar y escogió entre ellas a la que ejecutaría el contrato.
Parque de las Aguas
En este caso la Fiscalía identificó varias anomalías en tres contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques, entre mayo de 2020 y noviembre de 2021. El objetivo era garantizar el mantenimiento y la entrada en operación del Parque Metropolitano de las Aguas.
Los contratos ascendieron en valor a 17.439 millones de pesos. La Fiscalía estableció que Metroparques subcontrató con tres empresas que fueron creadas entre 2019 y 2021, una de estas dedicada a la comercialización de telas. En consecuencia, se imputarán los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos”, señaló el jefe del ente acusador.
Por estos contratos fueron citados a imputación de cargos el representante del Área Metropolitana de Medellín, Álvaro Alonso Villada García; los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, y los representantes legales de las empresas contratistas, Juan Alexander Pino Jaramillo, Yamileth Galindez Chilito y Fabio Miguel Mestre Espitia.
Apoyo logístico
La Fiscalía logró determinar, gracias a las denuncias y la posterior investigación, que en septiembre de 2020 Metroparques suscribió un contrato para garantizar el apoyo logístico para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física en Medellín.
“El contrato fue celebrado en septiembre de 2020 y debía ser ejecutado en dos meses, pero habría recibido tres adiciones presupuestales que incrementaron injustificadamente su valor a 24.205 millones de pesos y, además, se realizaron prórrogas que prolongaron el plazo de ejecución hasta julio de 2022″, explicó el fiscal Barbosa.
Aquí la imputación de la Fiscalía se concentrará en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Los llamados a responder son la exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación, Diana Paola Toro Zuleta; el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina, y el representante legal de la empresa contratante CYAN, Mauricio Jaramillo Botero.
Buen Comienzo
La exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo, ya está en juicio por las presuntas irregulares en un contrato firmado en marzo de 2020, entre la Alcaldía de Medellín y la corporación ‘Colombia Avanza’. El valor total de ese contrato fue de 20.692 millones de pesos y estaba orientado a la atención de niños, niñas y madres gestantes o lactantes del programa ‘Buen Comienzo’.
“Aquí se identificaron pagos a personas que no tenían relación con el contrato, pero figuraban en los documentos como si hubieran prestado servicios, que en realidad nunca se ejecutaron. Esto generó un posible detrimento por valor de 1.400 millones de pesos”, señaló el jefe del ente acusador.
En este caso, la Fiscalía sumó una imputación por el delito de peculado por apropiación en contra de la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz; la exdirectora técnica de programa ‘Buen Comienzo’, Lina María Gil Zapata, y el contratista Henry Paulison Gómez Montoya.