La Procuraduría anunció que abrió una investigación contra por lo menos nueve funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, entre ellos el superintendente delegado para la protección de la competencia y otros ocho profesionales que habrían tenido participación en la inspección a la Registraduría a principios de marzo.
“Frente a la visita sorpresa realizada por contratistas y funcionarios de Industria y Comercio en la Registraduría del Estado Civil, y por petición del registrador Hernán Penagos, la Procuraduría hizo vigilancia preventiva a esas actuaciones y, además, consideró al detectar y observar presuntas irregularidades, también posibles excesos, iniciar investigación disciplinaria contra varios funcionarios de esta Superintendencia”, anunció la procuradora Margarita Cabello.
Esta decisión se tomó después de que el pasado 14 de marzo un equipo especial del propio ente de control se tomó las instalaciones de la Registraduría para adelantar una visita que tenía como objetivo verificar la legalidad y legitimidad de la inspección que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para recaudar información reservada de la entidad electoral.
Después de esa decisión, la procuradora Cabelló anunció la apertura de investigación contra varios funcionarios, contratistas y hasta el superintendente delegado para la protección de la competencia por esa inusual visita en donde, según informaron los funcionarios de la SIC, habría recaudo de teléfonos celulares personales, correos electrónicos, computadores y documentación de diferentes compañías, sin que tuvieran la competencia.
La información preliminar daría cuenta de que los investigadores llegaron hasta la inspección como delegados por la actual superintendente de Industria, Cielo Rusinque, reconocida por ser uno de los alfiles principales del Gobierno Petro y quien en esta administración ya ha ocupado cargos como la dirección de Prosperidad Social.
Dicha situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre la competencia de la Superindustria para adelantar este tipo de diligencias sobre una entidad como la Registraduría, es decir, una entidad con autonomía administrativa y que no compite en el mercado, y tampoco está en los sectores de Industria y Comercio.
Un posible abuso de autoridad y prácticas extorsivas, como la imposición de sanciones económicas a servidores públicos, se estarían presentando al interior de la Registraduría.
La sorpresiva inspección de la Superindustria a la Registraduría se desarrolló el pasado martes 12 de marzo hasta la medianoche en las instalaciones de la entidad ubicada sobre la avenida 26, en Bogotá. La diligencia estuvo dirigida al Departamento Jurídico, ubicado en el piso 5 de las oficinas, desde las que se coordinan cuestiones clave para la vida política del país, como las elecciones del orden nacional, territorial y la expedición de documentos.
SEMANA conoció que varios funcionarios de la SIC adelantaron dicho trámite hasta horas de la madrugada del miércoles, pero incluso hasta en la mañana de ese 14 de marzo se comentó la posibilidad de que la inspección continuaría en ese despacho del órgano electoral.
Después de que se presentara esa situación, el jefe de la oficina jurídica de la Registraduría, Renato Rafael Contreras Ortega, le envió una carta a la procuradora Margarita Cabello solicitándole acompañamiento “urgente” a la Registraduría Nacional del Estado Civil en medio de las inspecciones de la Superindustria a las instalaciones de la entidad.