La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara del partido Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca, por un caso que estaría relacionado con las decisiones que tomó cuando era juez de la República en el año 2008.
El alto tribunal confirmó que “el entonces juez le concedió prisión domiciliaria a una persona privada de la libertad y ratificó su decisión en septiembre de 2009, cuando ya tenía conocimiento de que el detenido había sido condenado por secuestro simple”.
En este caso, se indica que Leilo Ávila Santana, quien cumplía una condena de 17 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y el secuestro, recibió el beneficio de detención domiciliaria por orden de Suárez Vaca, pese a que no cumplía los requisitos que exigía la ley.
Un año después de escucharlo en indagatoria, el alto tribunal resolvió la situación jurídica del representante a la Cámara considerando que existe evidencia suficiente para sustentar una acusación en su contra.
La investigación en contra del dirigente político se originó por una denuncia presentada por Colombia Cambia Transparente, revelada en su momento en exclusiva por SEMANA; en la que se pusieron de presente los hechos de corrupción.
El denunciante aseguró que el entonces juez de ejecución de penas otorgó este beneficio judicial pese a que el procesado no había cumplido las tres quintas partes de su pena ni presentaba problemas certificados de salud, documento clave para modificar la medida de aseguramiento.
En la acción judicial se señala que Suárez Vaca “recibía coimas y dádivas a cambio de beneficios en la toma de decisiones respecto a las medidas de aseguramiento”. Pese a que los hechos se presentaron en enero del año 2008 los denunciantes aseguran que la Fiscalía General no había tomado cartas en el asunto, omitiendo por completo la recolección de pruebas y apertura de una investigación formal.
En el documento de 16 páginas se citaba la decisión emitida por Suárez Vaca en la que le otorgaba la detención domiciliaria a Leilo Nevardo Ávila Santana —capturado por delitos relacionados con el narcotráfico y vínculos con la mafia albanesa— argumentando que era padre cabeza de familia.
“Se estableció en la indagación que se cruzaron comunicaciones entre el juez Pedro José Suárez Vaca y Leilo Nevardo Ávila, favorecido con la sustitución de la pena, en las cuales se da cuenta de la existencia de una relación de amistad entre los dos, así como el conocimiento y voluntad que le asistía al funcionario judicial de favorecer con su determinación al condenado y la preocupación que le asistía al saber que por estos hechos se adelantaba una investigación disciplinaria en su contra por parte del Consejo Superior de la Judicatura, solicitándole intercediera ante el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Pedro Alonso Sanabria, a fin de que lo ayudara en lo posible para obtener una decisión favorable, no obstante la decisión adoptada aparecería acorde con la legalidad”.
Igualmente, se citan otros elementos materiales probatorios que indican que “a nombre de Pedro José Suárez Vacca (...) de la existencia de un emisario de la confianza del funcionario judicial se recepcionó entrevista al mismo en la cual da cuenta de la amistad existente entre el condenado y el juez Pedro José Suárez Vacca, así como la entrega de” 35 millones de pesos “a favor del funcionario judicial por conceder el beneficio aludido”.
Finalmente se cita que desde hace cinco años existen varias denuncias por irregularidades en los juzgados de ejecución de penas de Tunja, entre estas la manipulación del reparto de los expedientes y la alteración del sistema, sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado un investigación de fondo.