Al mismo tiempo que el país vio cómo la polémica reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro fue aprobada hace una semana, en la noche, y luego de una “jugadita” que cercenó el debate en la Cámara, en Colpensiones se conoció de una dura decisión judicial contra una de sus más altas funcionarias por haber entregado millonarios y cuestionados contratos al parecer a dedo, lo que genera preocupación por el manejo del dinero del ahorro de millones de colombianos que, fruto de la reforma, quedará en manos de esta entidad.
Se trata de un asunto delicado en el que la Fiscalía había puesto los reflectores y seguía el rastro a un millonario contrato para la defensa jurídica de la entidad, que ya tiene contra las cuerdas y a las puertas de un juicio penal a la vicepresidenta de gestión corporativa, María Elisa Morón Baute, por el presunto direccionamiento.
SEMANA revela en exclusiva la acusación formal contra Morón Baute, que ya está en manos de un juez y en la que se le acusa por dos delitos graves: celebración indebida de contratos y peculado. En este cuestionado contrato hay un factor que ha llamado la atención de los investigadores. Además del direccionamiento, en principio se hizo por 4.142 millones de pesos, pero, de un plumazo, le hicieron adiciones de más del doble del monto inicial, y quedó por 12.455 millones de pesos, sin explicación clara.
Irónicamente, el objeto del contrato, que es blindar y defender jurídicamente a Colpensiones y evitar que se desangren las arcas de la entidad con costosos litigios, es el que ahora está en manos de los jueces. La finalidad específica es “prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión de los contratos cuyo objeto es la representación judicial, extrajudicial y administrativa, orientados a defender los intereses litigiosos de Colpensiones”.
El millonario contrato enfrentaba a las firmas Icarus SAS y Lupa Jurídica SAS, esta última fue la beneficiada, pero según la acusación ni siquiera fueron presentadas cotizaciones para una competencia, sino que, supuestamente, “Colpensiones realizó un análisis de precios y condiciones de mercado con el fin de determinar el valor estimado del futuro contrato”. El asunto ya olía mal.
Así lo advierte la Fiscalía al señalar a Morón Baute: “Usted no verificó el contenido de los estudios previos, los cuales reflejaron el valor del contrato producto de una cotización concertada con el contratista Lupa Jurídica SAS, y no de un transparente estudio de mercado que reflejara el presupuesto del contrato, descalificando irregularmente a la firma Icarus SAS, pues ni siquiera tuvo la opción de presentar oferta, eventos indicativos de la ausencia de un querer hacer valer los principios de la contratación estatal, como los de igualdad y transparencia”.
Durante meses, el fiscal 212, Carlos Orozco, de la unidad de delitos contra la administración pública, fue recogiendo todo el material probatorio, testimonios, contratos, denuncias, el propio manual de contratación, y los argumentos de la cuestionada adición; fue armando el rompecabezas y concluyó que todo este entramado habría sido para beneficiar a Lupa Jurídica.
Por su despacho estuvieron declarando todos los involucrados, incluso la ahora acusada vicepresidenta de gestión corporativa, María Elisa Morón, quien le dijo a la Fiscalía que era inocente y que todo se hizo de forma transparente y de acuerdo con la ley, aunque las pruebas señalan lo contrario.
Tan clara es la acusación que describe cómo Morón habría dado información para que la firma ganadora acomodara el contrato y se ajustara al costo proyectado, violando los principios de igualdad y transparencia.
“No verificó que en los estudios previos se indicó que el comité de contratación recomendó a Lupa Jurídica: 1. Suprimir uno de los dos coordinadores de proyecto y 2. Hacer una revisión de los costos operativos y aportar sustentación de los mismos, recomendación acatada por Lupa Jurídica, realizando los ajustes pertinentes, enviando una nueva cotización con fecha 16 de septiembre de 2019, dando lugar a que Lupa Jurídica mejorara su cotización para que, desde luego, coincidiera con el valor del contrato por valor de 4.142.022.084 pesos”, señala la acusación que ya está en manos del juez.
Peculado
La vicepresidenta de gestión corporativa, quien es ordenadora del gasto en Colpensiones, “permitió la salida de los recursos, aprobados de manera extraordinaria, en contraste con lo dispuesto en el manual de contratación (…), pues toda adición debía contar con la justificación y recomendación escrita del supervisor, pero la recomendación fue realizada sin plena justificación, demostrativa de la necesidad de apropiar recursos adicionales al contrato por más de 8.300 millones”.
El asunto es tan grave que, señala el fiscal, la vicepresidenta Morón cometió esta irregularidad no solo una vez, sino que fueron cuatro veces en las que aprobó la salida de recursos sin cumplir con las normas de Colpensiones.
“Al no haber hecho una debida identificación, evaluación de requisitos precontractuales, afectaron los principios de legalidad y de economía, y la reputación del proceso, lo cual conllevó sin lugar a dudas un abuso de poder por parte suya, al disponer en virtud de las adiciones aprobadas y pagadas”, agrega el documento en poder de SEMANA.
Nuevamente pone en evidencia que no hubo estudios, que el contrato fue a la medida de Lupa Jurídica, y que Morón lo sabía. “Usted en calidad de vicepresidente de gestión corporativa (...) era consciente [de] que la conducta era prohibida; le era exigible un comportamiento conforme a derecho. Es decir, verificar el procedimiento legal inseparable a los estudios previos, requisito esencial para poder celebrar el contrato 138. Sin embargo, no lo hizo y no le importó que, dentro del trámite previo a la celebración, estos eran abiertamente ilegales”.
Todo esto para concluir de forma tajante que “la modalidad invitación pública, ritualidad que no era desconocida por usted, sin embargo, con su postura, creó caos al proceso de contratación con graves repercusiones en el erario público y al interés general. Usted, señora Morón, lesionó sin justa causa el bien jurídico de la administración pública, pues al momento de celebrar el contrato tenía la capacidad de comprender que obraba ilícitamente”.
El asunto no huele bien frente a los contratos que se están firmando en Colpensiones, ya la Procuraduría tiene abierta otra investigación por un millonario convenio para proveer los servicios de atención multicanal (contact center).
Nuevamente, la investigada en este caso es María Elisa Morón Baute, y se suman el gerente administrativo, Sergio Andrés Gómez Navarro; el vicepresidente de Planeación y Tecnologías de la Información y al gerente administrativo, Wilson Fernando Melo Velandia.
Según la Procuraduría, “los funcionarios habrían participado en la suscripción de contratos a los que se les hicieron prórrogas y en los que en algunos casos se adicionaron recursos que superaron el 50 % del valor inicial, sin que aparentemente existiera justificación”. Esta denuncia la había realizado la senadora Paloma Valencia, quien había advertido la cuestionada adición con la cual el contrato pasó de 26.000 millones de pesos a demandar recursos por 65.000 millones de pesos, sin justificación.
Los casos son escandalosos y dejan mal parada la administración de los recursos de las pensiones de los colombianos que quedarán en manos de Colpensiones. SEMANA se comunicó en reiteradas ocasiones con la entidad buscando respuesta de su presidente, Jaime Dussán, y de la vicepresidenta, María Elisa Morón, pero, pese a la insistencia, nunca dieron respuesta. Sin embargo, Dussán ha señalado que “en la entidad no se usa la plata de los pensionados para gastos administrativos. Esos recursos son intocables, no solo por mandato constitucional, sino porque nosotros somos éticos”.