En las últimas horas fueron enviados a las cárcel los dos presuntos asesinos del líder social José Ernesto Cuetia Yajue.
Un juez resolvió dictar medida de aseguramiento en centro carcelario a Harrison Fabián Taquinás Mestizo y Daniver Rendón Dagua, capturados por la muerte de Cuetia, registrada en el corregimiento El Llanito, jurisdicción de Florida, Valle del Cauca.
Cuetia vivía en Miranda, Cauca, cerca al lugar donde fue asesinado. El 5 de junio de este año salió de su casa y no regresó con vida. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los homicidas lo obligaron a salir de un establecimiento comercial y luego le dispararon con arma de fuego, causándole la muerte.
Las pesquisas de las autoridades llevaron a la rápida sindicación de Taquinás y Rendón como responsables del asesinato del líder social. Las capturas se efectuaron, respectivamente, en Florida y en Belalcázar, Caldas, donde se escondía este último.
Sobre Daniver Rendón Dagua las autoridades aseguraron que era conocido en el mundo criminal como alias Dany. Este hombre sería un presunto cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo de la disidencia de las Farc Columna Móvil Dagoberto Ramos.
Rendón estaría a cargo de las acciones delictivas de ese grupo armado en Miranda, Florida y Pradera, Valle del Cauca. Las redes de apoyo que lideraba se encargaban de cometer extorsiones, homicidios selectivos y definir rutas para el tráfico de armas. Además, alias Dany estaría implicado en al menos ocho homicidios cometidos en el Valle del Cauca y Cauca.
Previo a la orden del juez de enviarlos a la cárcel para que afronten su proceso judicial tras las rejas, a los dos sujetos les imputaron los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Vale resaltar que no aceptaron su responsabilidad en los crímenes.
El senador Feliciano Valencia había detallado que “José Ernesto Cuetia Yajue fue líder indígena del cabildo de Miranda, trabajó en la Asociación de Cabildos del norte del Cauca y fue autoridad del cabildo La Playa Naya del departamento del Valle del Cauca”.
El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) señaló que el líder social también fue “mayor ancestral, médico tradicional y representante de la Fundación Sonrisas Vidas sin Fronteras”.
De acuerdo con Indepaz, este año han asesinado a 99 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.
¿Qué hará el nuevo gobierno?
En la rueda de prensa del cónclave del Pacto Histórico en Medellín, el senador Roy Barreras fue consultado sobre el plan que liderará Gustavo Petro a partir del 7 de agosto, cuando se posesione, para combatir la violencia que ejercen los diferentes grupos armados que operan en el país.
“Nuestra principal angustia es que no para la matanza. Tememos que algunos sectores radicales equivocados sigan matando a ciudadanos inocentes, líderes sociales y líderes ambientales”, expuso.
Señaló que los asesinatos que siguen ocurriendo, como la reciente masacre en Santander de Quilichao, perpetuada al parecer por grupos armados con injerencia en el suroccidente del país, son responsabilidad del gobierno de Iván Duque y que será a partir del 7 de agosto cuando empiece a evaluarse la gestión del nuevo gobierno.
“El gobierno que está en ejercicio hasta el 7 de agosto sigue teniendo la responsabilidad por la vida de esas personas, pero nosotros como partido de gobierno tenemos la responsabilidad de construir, junto con el ejecutivo entrante, un plan de choque para tratar de proteger la vida”, señaló.
Sobre ese plan se refirió días atrás el senador Iván Cepeda: “A diferencia de la actitud omisiva y contemplativa que ha tenido el gobierno del presidente Duque frente a la sistemática eliminación de líderes sociales y excombatientes de las Farc, el próximo gobierno va a generar un plan para realizar una protección eficaz de la vida en los territorios de quienes defienden la paz”.
Cepeda detalló que “hay que llevar a la práctica todas las recomendaciones que se han formulado, entre ellas las de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y los protocolos que se han elaborado; garantizar una presencia escalonada y combinada de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Así mismo, establecer una presencia fuerte del estado, no solo militar, para garantizar la vida”.