La judicialización de las personas capturadas como presuntas responsables de secuestrar y torturar a supuestos pacientes en procesos de rehabilitación en fundaciones ubicadas en la ciudad de Bucaramanga, tardó más de una semana. La Fiscalía expuso el material de prueba y el juez concluyó que era necesario mantener en la cárcel a los principales protagonistas.
El ente acusador entregó en las audiencias preliminares, los elementos de prueba para demostrar de qué forma fueron los encargados de secuestrar y torturar a los pacientes, cuando se supone estaban en procesos de rehabilitación por consumo de estupefacientes y tratamientos psiquiátricos.
“Con la captura y judicialización de 21 personas presuntamente vinculadas a actos de violencia y abuso, que incluso habrían provocado la muerte de varios pacientes, la Fiscalía General de la Nación intervino la actividad de ocho fundaciones privadas que se dedicaban a la rehabilitación de población vulnerable y con problemas de adicción en Santander”, dijo la Fiscalía tras concluir la imputación de cargos contra los señalados.
Entre el material probatorio que recaudó la Fiscalía, en más de un año de investigación, están las declaraciones, los audios, los videos y las fotos de las personas que terminaron secuestradas por integrantes de estas fundaciones, para llevarlas a los supuestos centros de rehabilitación que no eran más que casas ubicadas en diferentes sectores de la ciudad de Bucaramanga y acondicionadas para mantener encerrados a los pacientes.
“Aparte nos pegan los mismos internos que ya llevan más tiempo y les dan un rango de líder. Los de la fundación les dan órdenes y ellos nos pegan. Yo estuve como cuatro veces, en esta última, en ese cuarto de reflexión la comida es poca, una cucharada de cada cosa”, dijo un menor que estuvo en Nissi, el llamado cuarto de reflexión, cuando otros dos internos mataron con sus manos a un adolescente.
El ente acusador logró demostrar ante el juez de control de garantías que, mantener privados de la libertad a los principales protagonistas de las llamadas “fundaciones del terror” no solo era una necesidad, sino una obligación de la justicia, para mantener y garantizar la seguridad de los testigos que al mismo tiempo se convirtieron en víctimas de las atrocidades en estos supuestos centros de rehabilitación.
“Los elementos de prueba indican que harían parte de una estructura delictiva que, a través de instituciones que ofrecían servicios de atención a ciudadanos con problemas de adicción, habrían incurrido en conductas en contra de la dignidad y la vida de los internos, que dejaron ocho muertos y algo más de 500 víctimas”, explicó la Fiscalía.
El juez entendió la gravedad de los hechos, escuchó con atención los elementos de prueba las declaraciones de las víctimas que advertían las torturas en estos centros de rehabilitación y ordenó que 11 de estas personas fueran privadas de su libertad en un centro carcelario, mientras que otras 10 quedaron en libertad, pero seguirán atadas a la investigación.