Según informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado, la Seccional Boyacá, a través de su policía judicial CTI del Gaula Boyacá, logró que un juez de garantías dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra el ciudadano Jaime Rey Moreno, presunto responsable del delito de extorsión.
El ente acusador expuso que, gracias al abundante material probatorio, el procesado sería el responsable de exigir cobros bajo amenazas de muerte. Dentro de su modus operandi, el presunto extorsionista se hacía pasar por cabecilla de un grupo guerrillero.
“Las investigaciones indican que Rey Moreno, el pasado 29 de mayo, habría contactado a un ciudadano en Garagoa (Boyacá), para realizar unas labores de ornamentación en un inmueble del municipio de Macanal. Según la imputación, la víctima, mientras se desplazaba hasta el lugar donde debía realizar el trabajo, recibe una llamada en la cual se le exige el pago de 2 millones de pesos a cambio de respetarle la vida”, detalló la Fiscalía en su comunicado.
En ese sentido, la investigación encontró que el presunto extorsionista se presentaba como “el comandante Andrés”, supuesto cabecilla de una organización delictiva. Para el caso en mención, Rey Moreno le ordenó a la víctima estacionar su vehículo a la orilla de la carretera y apagarlo. “Además, le habría dicho que lo tenía vigilado y que debía dar el nombre y número de celular de un familiar, si no quería que atentaran contra su vida y le destruyeran el vehículo”, puntualizó la Fiscalía.
Los investigadores, al realizar el rastro y ubicar al presunto extorsionista, lograron establecer que se trataría de Jaime Rey Moreno, por lo que fue capturado el pasado 6 de septiembre, en el barrio San Carlos del municipio de Soacha (Cundinamarca).
A la cárcel tres personas señaladas de usar carretas de reciclaje para distribuir estupefacientes en barrios de Bogotá
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Sijín de la Policía de Bogotá, judicializó a Yeison David Infante Mendoza, Daniela Ortiz Muñoz y Sergio Alexander Navas Aguilar, como presuntos integrantes de la organización ilegal Herodes.
Según narró el ente acusador en su comunicado, la investigación adelantada por un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá evidenció cómo Infante Mendoza, Ortiz Muñoz y Navas Aguilar, al parecer, usaban carretas de reciclaje para disimular su aparente condición de distribuidores de estupefacientes, en pequeñas cantidades.
“Labores de policía judicial evidenciaron que hace más de 12 meses los procesados comercializarían cocaína, bazuco y marihuana en los barrios Siete de Agosto y Alcázares de la localidad de Barrios Unidos de Bogotá”, puntualizó la Fiscalía.
Así mismo, expuso que videos de cámaras de seguridad, seguimientos y testimonios recopilados por la policía judicial pusieron al descubierto la manera como los procesados, al parecer, ocultaban las sustancias ilegales en sus partes íntimas, ropa y zapatos para burlar el control de las autoridades.
Estas personas, presuntamente, estaban dedicadas “a la venta en modalidad de narcomenudeo de estupefacientes en las vías públicas de la localidad de Barrios Unidos”. La captura de los procesados estuvo a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá, mientras que la Fiscalía les imputó los delitos correspondientes, según manifestó José Manuel Martínez Malaver, director seccional de la Fiscalía en Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación, entre tanto, les imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. No obstante, ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados.
Tras analizar el material probatorio aportado por la Fiscalía, un juez con función de control de garantías impuso a las tres personas imputadas medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario.