El caso que generó el rechazo y la polémica entre la comunidad de San Bernardo del Viento, en Córdoba, luego que se revelara que uno de los sacerdotes del municipio, encargado de la iglesia La Inmaculada e identificado como Carlos Carvajal Galvis, había abusado sexualmente de una menor de 13 años y tiempo después la había obligado a abortar. El caso estaría avanzando rápidamente en manos de la justicia.

Este lunes 7 de marzo, se informó que el religioso fue enviado a la cárcel como una medida de aseguramiento en medio del proceso que se realiza en su contra, esto luego de que se reanudaran las audiencias desde el viernes 4 de marzo cuando iniciaron.

En audiencias pasadas, Carvajal no habría aceptado los cargos que le atañen por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Sin embargo, durante los pocos días que han pasado de este mes, el religioso ha pasado de escaparse de la justicia, un intento de suicidio y, en última instancia, entregarse a las autoridades para responder por las acusaciones en su contra junto con un abogado.

En la audiencia de este lunes 7, el juez del caso decidió que este hombre sería un peligro para el desarrollo del caso, por lo que se le impuso medida de aseguramiento e iría a la cárcel por el resto del proceso, hasta que se indique si efectivamente es culpable o no, y de esa manera se emita una sentencia por parte de las autoridades.

La Defensoría del Pueblo afirmó a través de sus redes sociales que abrió un proceso de seguimiento y acompañamiento por este caso de presunto abuso, por lo que ofrecieron sus servicios a la familia y a la víctima involucradas en la situación, además de asignarles un defensor público, para que no se vulneren más los derechos de los afectados.

“Pedimos a la opinión pública y a la comunidad en general respeto y solidaridad con la menor de edad y su familia, y celeridad a la justicia. Es necesario avanzar en la investigación para esclarecer circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se habría dado este aberrante caso”, fueron las palabras de la entidad en sus redes sociales.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), afirmó que se está atendiendo a la víctima a quien se le hizo valoración psicológica inicial, abriendo el respectivo proceso para restablecer sus derechos.

“Al rechazar el hecho, el director regional del ICBF en Córdoba, Alberto Jiménez, indicó que desde el instituto se adelantarán las acciones correspondientes para que sus derechos sean restablecidos y se seguirá brindando acompañamiento a la niña y a su familia”, afirma el comunicado de la entidad sobre las acciones que se han adelantado a favor de la menor.

La Diócesis de Montería también se refirió al caso que acusa a Carvajal, asegurando que ya se inició una investigación por las denuncias de la menor, además de que se le habrían dictado medias cautelares al sacerdote, esto al momento de conocerse el caso.

“Se da inicio a la investigación preliminar mediante el decreto episcopal N.° 002 del 26 de febrero de 2022 y se dan las medidas cautelares para apartar del ejercicio del ministerio sacerdotal mediante el Decreto 003 del 26 de febrero de 2022... Ofreceremos su acompañamiento espiritual a las personas afectadas”, fueron las aclaraciones de la iglesia.

Es de recordar que el caso salió a la luz cuando la adolescente fue llevada a urgencias por un fuerte dolor abdominal y, tras los exámenes realizados, los médicos detectaron que la menor había sido abusada.

La menor se vio en la obligación de revelar los hechos, por lo que se conoció que, al parecer, luego de que Carvajal abusara de ella, también la habría obligado a abortar, lo que habría causado daños en el cuerpo de la víctima.