La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Sergio Fabián Suárez Ramírez, un exfuncionario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) que había sido parte de una red señalada de adquirir, alterar y comercializar medicamentos de uso institucional o los catalogados como vitales, que no son distribuidos masivamente debido a su alto costo.
Según el ente acusador, el implicado en su condición de profesional universitario adscrito a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, habría intervenido para que otros servidores de la entidad otorgaran registros sanitarios y resoluciones de importación a una comercializadora farmacéutica y particulares que no cumplían con los requisitos sanitarios exigidos por la ley.
Los elementos de prueba reunidos por la Fiscalía lograron demostrar que estos productos ingresaban vencidos y descompuestos al país. Posteriormente, los trasladaban en precarias condiciones y como encomiendas a Bogotá y les modificaban las fechas de caducidad, lotes de fabricación y registros para darles la apariencia de un medicamento auténtico, en su mayoría de alto costo, para tratar enfermedades terminales o huérfanas.
“Entre enero de 2021 y julio de 2023 Suárez Ramírez presuntamente intercedió en 15 oportunidades para lograr la expedición ilegal de documentos, los cuales eran utilizados para soportar la venta de los medicamentos vencidos y descompuestos que la red delictiva ingresaba a Colombia y modificaba para darles la apariencia de un producto auténtico para tratar enfermedades como el cáncer, el VIH, la artritis, entre muchas otras”, explicó el director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Hugo Tovar Pérez.
De esta manera, la organización ilegal los comercializaba a clínicas, hospitales, hogares geriátricos y proveedores de Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá.
Durante la audiencia, el exfuncionario fue señalado de ejercer influencia sobre otros compañeros del Invima para expedir registros sanitarios, resoluciones y licencias para importar medicamentos vitales no disponibles. Además se le acusó de eliminar multas a la empresa farmacéutica involucrada con el objetivo de lograr la importación indebida e ilegal de medicamentos vitales de alto costo.
El acusado contactaba a los funcionarios del Invima encargados de expedir las resoluciones y autorizaciones de los medicamentos de alto costo que requirieran los pacientes para que realizaran los cambios que se ajustaran a la importación de los medicamentos modificados proporcionados por la farmacéutica implicada. Los cambios se realizaban en última instancia para que la autorización impartida por la EPS coincidiera con las autorizaciones del Invima.
El ente acusador señaló que Suárez Ramírez realizaba estos trámites fraudulentos a cambio de pagos que le realizaba la farmacéutica al interior del Invima; estas sumas eran repartidas entre otros trabajadores de la entidad que colaboraban con el acusado, para posteriormente ser llevados y entregados en zonas aledañas al edificio del Invima como restaurantes, centros comerciales o las mismas residencias de los involucrados.
Por estos hechos, una fiscal del Grupo de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó al exfuncionario los delitos de concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento en la cárcel.
Sergio Fabián Suárez Ramírez fue capturado por funcionarios del CTI, luego de que se presentara para atender una orden judicial en su contra. Por este entramado ilegal, la Fiscalía judicializó recientemente a 13 personas, entre ellas los representantes y trabajadores de farmacéuticas, comercializadoras e Institutos Prestadores de Salud (IPS).
No es la primera vez que dentro del Invima suceden este tipo de casos. A mediados de octubre de 2021, Claudia Lizeth Peñaranda, más conocida como la ‘tramitadora’ del Invima, fue condenada a 4 años y siete meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar y ofrecer, falsedad ideológica en documento público, falsedad material y enriquecimiento ilícito. Además, fue sentenciada a devolver $12 millones que fue el incremento patrimonial injustificado que procede en su caso.
A Peñaranda se le acusó de ser el enlace principal entre los exfuncionarios del Invima y los clientes que se beneficiaron de la obtención de registros sanitarios adulterados.