Las evidencias de la Fiscalía fueron concluyentes para solicitar la medida de aseguramiento en contra de Paul Naranjo, implicado en el feminicidio de Ana María Castro, en hechos ocurridos en la madrugada del 5 de marzo de 2020 en el norte de Bogotá.

El fiscal del caso advirtió que Naranjo sería un peligro para la sociedad y para el proceso que apenas está por cumplir la primera etapa en los juzgados. Advirtió el delegado de la Fiscalía que los implicados en este caso: Naranjo, Julián Ortegón y Mateo Reyes, se pusieron de acuerdo para entregar una sola versión a la justicia.

“Qué dice Mateo Reyes: obsérvese como yo vi que ella que estaba con él en el carro, nos bajaron a los dos, arrancó el carro, y por ese movimiento pues fue golpeada... pero acá lo claro es que hay un testigo, Daniel Vega, que es directo en señalar sin ningún tipo de interés, que nos llega la Fiscalía solamente en octubre y nos indica: yo vi cómo arrojaron a la mujer de ese vehículo”, señaló el fiscal del caso.

Además, la Fiscalía denunció que el celular de Ana María Castro se quedó en el vehículo de Paul Naranjo y, aunque sabían que lo tenían, no lo entregaron a los investigadores para hacer los análisis correspondientes. El fiscal dijo que el equipo celular hubiese sido fundamental para establecer circunstancias de tiempo y lugar.

Por estas razones, en criterio del fiscal del caso, era necesario que la juez de control de garantías impusiera una medida de aseguramiento en contra de Paul Naranjo, una petición que tuvo el respaldo de la representante de la Procuraduría y las víctimas.

Pero, como era de esperarse, la defensa rechazó los argumentos de la Fiscalía para insistir que su cliente es un peligro en el proceso. El abogado John Cadena, quien representa los intereses de Paul Naranjo, aseguró que siempre estuvieron atentos a los llamados de la justicia. Además, la familia del ahora imputado tiene arraigo en la ciudad de Bogotá y por eso descartan el riesgo de fuga.

La Procuraduría, al igual que la defensa de Naranjo, le pidió a la Fiscalía explicar de manera clara las circunstancias legales que llevaron a imputar el delito de feminicidio agravado, pues existen algunas dudas sobre las características de este tipo penal, frente a los hechos materia de investigación.

En criterio de los abogados de la defensa, los hechos ocurridos en esa madrugada de marzo de 2020 están más cerca de un homicidio culposo que de un feminicidio, por lo cual le insistieron al fiscal del caso cambiar la imputación y así evaluar una aceptación de cargos en el proceso contra Paul Naranjo.

Después de analizar las pretensiones de los abogados, el fiscal no solo le respondió a la Procuraduría las razones jurídicas para imputar el feminicidio, sino que rechazó la solicitud de la defensa de Naranjo de modificar el delito que ya fue imputado. Así las cosas, la propuesta del abogado tendrá que esperar otro momento jurídico en el proceso, posiblemente a través de un preacuerdo o un principio de oportunidad.

La juez 34 de control de garantías de Bogotá analizó los argumentos de la Fiscalía, de la Procuraduría, la representación de víctimas y la defensa de Paul Naranjo, con el objetivo de definir la situación jurídica del segundo capturado por el feminicidio de Ana María Castro.

La decisión fue definitiva: Paul Naranjo fue cobijado con medida de aseguramiento en centro de reclusión. Para la juez de garantías, Naranjo sí representa un peligro para la sociedad y el proceso, y existe un riesgo de fuga.