Un juez con funciones de control de garantías del Tolima envió a prisión al patrullero de la Policía Nacional identificado como Jhon Jamilton Ríos Galvis, de 28 años de edad, por su presunta responsabilidad en un hecho relacionado con el delito de hurto agravado.
De acuerdo con la Fiscalía, el uniformado fue capturado en flagrancia por personal de la Policía de vigilancia el pasado 17 de abril cuando, al parecer, hurtaba dinero de una farmacia ubicada en el barrio Las Ferias de Cajamarca (Tolima).
“Al ser requerido por las autoridades se percataron de que se trataba de un patrullero adscrito a la Estación de Policía de Argelia (Antioquia)”, indicó el ente acusador.
En medio de la captura, a Ríos Galvis las autoridades le hallaron un arma traumática con la que habría amenazado al empleado de una farmacia para que le entregara el dinero de la caja. Además, la Policía le inmovilizó una motocicleta en la que se desplazaba.
En la audiencia, el patrullero no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía; sin embargo, fue enviado a la cárcel como medida preventiva.
En otro caso que involucra a integrantes de la Policía Nacional, un fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo de la Dirección Seccional de Bogotá, con apoyo de la Sijín, hizo efectiva la orden de captura que pesaba en contra de un exoficial y dos patrulleros, por los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado.
Se trata de Andrés Alberto Salazar, mayor destituido de la entidad el pasado 27 de marzo por otros hechos; y los patrulleros Erwin Stid Quintero Acosta y Fabián Mauricio Castillo Bernal.
Los tres son señalados de presuntamente participar en los hechos ocurridos el pasado 19 de enero en el sector San Andresito de San José, donde se presume que los uniformados secuestraron a la víctima y se apoderaron de $753 millones que esta tenía, producto de una hipoteca.
Según lo establecido, Quintero Acosta y Castillo Bernal le dijeron a la víctima que el dinero que él portaba era producto del narcotráfico, por lo que el entonces mayor Salazar le habría indicado al ciudadano que sería judicializado por enriquecimiento ilícito y tráfico de estupefacientes.
Posterior a esto, los uniformados habrían dejado en libertad a la víctima y, de acuerdo con la investigación, le hurtaron el dinero. En audiencias concentradas, el Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá acogió los argumentos del ente acusador e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los tres imputados, quienes no aceptaron su responsabilidad.
De acuerdo con el relato de la fiscal María Teresa Polanía, Andrés Alberto Salazar Barrero, en ese entonces comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá y hoy capturado, habría cometido el hurto al comerciante junto con dos patrulleros, quienes hacían parte del esquema de seguridad de un excontralor.
Los hechos, según reveló el ente acusador en la audiencia de imputación de cargos contra Salazar Barrero, ocurrieron el pasado 19 de enero cuando el comerciante habría sido abordado por varios policías, quienes además lo habrían secuestrado por un momento subiéndolo a un carro y tras hacer un extenso recorrido por la ciudad le quitaron todo el dinero en efectivo.
El relato de la Fiscalía señala que el comerciante se encontraba ese día en San Andresito de San José con una acompañante cuando fue abordado por dos hombres con uniformes de la Policía, que le preguntaron qué llevaba dentro del maletín que cargaba.
En ese momento, cuando los uniformados conocieron que se trataba de dinero y de una alta suma, lo que habrían hecho fue decirle al comerciante que este dinero provenía de narcotráfico y era ilegal, por lo que inmediatamente la víctima señaló e insistió en que era de procedencia legal y de su trabajo en este sector de la ciudad.
Sin embargo, los uniformados al parecer obligaron a la víctima a salir del centro comercial donde se encontraba y le exigieron ir a un restaurante, a donde llegó otra persona, que se identificó como oficial de la Policía, quien le dijo que lo llevarían detenido a la Sijín. El comerciante insistió en que el dinero era de procedencia legal y que con él pagaría una hipoteca.
Fue allí cuando inclusive el comerciante les pidió a los uniformados que le dejaran hablar con el dueño del dinero para que él mismo les explicara su procedencia, a lo que los policías accedieron, y este también insistió en que el dinero era para pagar una hipoteca; sin embargo, procedieron a llevarse al comerciante en un taxi con la maleta.