Las disidencias de la Segunda Marquetalia entregaron en un comunicado desde la clandestinidad la confirmación de la muerte de Jesús Santrich. En un texto que colgaron en su página web, aseguran que los hechos se dieron en la Serranía del Perijá el pasado lunes, 17 de mayo.
El texto, que circula de manera informal y al que las autoridades no se han referido, relata de manera extensa y detallada cómo habría sido la muerte de Santrich. Asegura que este estaba en la zona fronteriza con Venezuela cuando “penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Duque”.
Agregan que Santrich iba en una camioneta y que fue atacado con “granadas y fuego de fusilería”, y que “consumado el crimen”, quienes lo atacaron “le cercenaron el dedo meñique de su mano izquierda”. Después de este hecho, según ellos, un helicóptero amarillo extrajo a los miembros de ese operativo del lugar.
“Santrich cayó libre, como quería”, asegura el comunicado. Advierten también que la noticia del deceso de Santrich no contendrá “la ira” del pueblo que se ha manifestado en las calles desde hace 20 días.
El laberinto del caso Santrich
La muerte de Santrich recordó en el país el complejo y extenso caso judicial que terminó con su fuga. Su controvertida personalidad, sus amenazas, sus videos desde el monte y sus llamados al caos se convirtieron en el espejo más oscuro del quizá principal tropiezo del Acuerdo de Paz. Desde que el país tuvo referencia del guerrillero de pañoleta y gafas oscuras, su personalidad sinuosa se asomó.
Durante las conversaciones de La Habana, ante la pregunta de si pediría perdón a las víctimas, canturreó el cínico “Quizás, quizás, quizás…”. Después, ya firmada la paz, aseguró, reiteradamente, que nunca renunciaría al derecho a la rebelión. Cuando se posesionó en el Congreso se comprometió a cumplir y defender la Constitución y las leyes, juramentó con la mano izquierda en alto, y de ahí salió para la Corte Suprema y luego para la JEP a prometer que no se volaría. Pero hizo exactamente lo contrario.
Vea la transmisión de SEMANA sobre la muerte de Santrich
La escabullida nocturna de Santrich –por una ventana en la trastienda y una trocha– no causó tanta sorpresa como repudio. El guerrillero dejó colgado de la brocha a todo el mundo, empezando por sus abogados, pasando por las víctimas, el partido FARC (y sus más de 13.000 reincorporados), las Altas Cortes e incluyendo a la comunidad internacional. Unos y otros se la jugaron por el Acuerdo de Paz e hicieron esfuerzos por rodear de garantías el debido proceso a Santrich, a pesar de sus comentarios cínicos, sus incumplimientos y las graves acusaciones de tráfico de drogas que pesaban sobre él, con nada más y nada menos que un proceso de extradición a cuestas.
Su fuga fue una bofetada al Proceso de Paz. Por eso, quienes sí han estado firmes del lado de honrar el compromiso reaccionaron con comunicados en los que le pidieron que reapareciera. Eso nunca pasó. Todo lo contrario: Santrich se convirtió en un portavoz de las disidencias.
Antes de fugarse, el caso de Santrich había pasado por todas las Altas Cortes del país. El exlíder guerrillero fue capturado en abril de 2018 y pedido en extradición por supuestamente haber intentado traficar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con intermediación del cartel de Sinaloa. El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC dejó claro que los guerrilleros gozaban de la garantía de no extradición por los delitos cometidos antes de su firma, es decir, del 1.° de diciembre de 2016. En virtud de ello, la JEP es la encargada de determinar si los hechos investigados se pudieron haber cometido antes o después de esa fecha. Para hacer esa tarea, la JEP le pidió a Estados Unidos y a la Fiscalía que le remitieran las pruebas. Ninguno lo hizo. Históricamente, la justicia norteamericana nunca ha enviado las evidencias que comprometen a los colombianos.
La JEP aseguró que las pruebas que llegaron al expediente de Jesús Santrich no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Es decir, que no era posible saber si había cometido el delito del narcotráfico ni si los hechos eran anteriores a la firma de la paz, el 1.° de diciembre de 2016. Por cuenta de eso, le aplicó la garantía de no extradición y le ordenó a la Fiscalía su libertad inmediata. La medida no fue unánime al interior de la JEP. Tuvo tres votos a favor y dos en contra. La decisión fue polémica porque significaba la posibilidad de que Santrich saliera a ocupar su curul en el Congreso, por el rechazo de los Estados Unidos y del gobierno Duque, y porque produjo un efecto dominó que desencadenó la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y de la ministra de Justicia Gloria María Borrero (aunque ella negó que se hubiera retirado por esta causa).
Néstor Humberto Martínez fue una de las voces más críticas frente al caso de Santrich. El entonces fiscal se refirió a dos puntos: los cambios que la ley estatutaria de la JEP introdujo a la extradición (los cuales están en el limbo por cuenta de las objeciones) y la decisión de Santrich. Para Martínez, se hizo “trizas la cooperación judicial internacional” y la “extradición quedó herida de muerte”. El funcionario agregó que la JEP destruyó “la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para nuestra democracia”. La semana pasada, cuando la Corte Suprema de Justicia le dio el aval a la extradición de Santrich, Martínez aseguró que dicha decisión demostraba que en su actuación no había existido ni montajes, ni mentiras, como luego se le acusó.
Para esa fecha, pocos entendían el laberinto judicial del caso y por qué lo habían soltado y luego capturado. Las cámaras de televisión habían transmitido en directo la salida de Santrich de La Picota. Escoltado por agentes del Inpec y en silla de ruedas, el excomandante guerrillero casi alcanza a cruzar la última puerta del penal, cuando fue abordado por agentes del CTI que procedieron a su recaptura.
La Fiscalía aseguró que, “como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se incorporaron nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y atribuidas a Hernández Solarte (Santrich)”. Dentro de esas nuevas evidencias, argumentó la Fiscalía, obtuvieron por funcionarios colombianos, adscritos a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, “la declaración del señor Marlon Marín”. Este último, sobrino de Iván Márquez, está respondiendo por cargos de narcotráfico en Estados Unidos y está bajo protección y colaborando con ese país. El caso fue llevado a la Corte Suprema de Justicia y luego, el 29 de mayo, ese organismo ordenó su libertad inmediata. Antes de esto, el Consejo de Estado le había ratificado la posibilidad de posesionarse en el Congreso. Esto le permitió ser aforado de esa alta corte.
El anuncio de su muerte en Venezuela cierra este tormentoso capítulo. SEMANA confirmó la información con altas fuentes del país. El comunicado de las disidencias cuenta la versión de lo que sucedió con ese grupo ilegal. Aún se espera un pronunciamiento del gobierno venezolano.