Por malversación de fondos e irregularidades relacionadas con la financiación de su campaña, se había tomado la decisión de destituir al gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez. Además, se le había inhabilitado por ocho años, inicialmente.
No obstante, la Sala de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación se encargará de ahora en adelante del caso, debido a que su suspensión fue a segunda instancia.
Lo anterior quiere decir que la mencionada dependencia “deberá determinar si, como se enunció en el fallo de primera instancia dado a conocer a finales del pasado mes de julio, el gobernador violentó la administración pública con su actuación, con lo que incurrió en falta calificada como gravísima a título de culpa gravísima”, de acuerdo a lo que afirmó el mismo Ministerio Público.
Cabe mencionar que en la primera parte del procedimiento “se demostró que las personas que hicieron parte de la campaña tuvieron conocimiento de los aportes que León Flórez recibió de Jorge Eliécer Forero Gaitán, algunas de ellas en especie y otras en efectivo, con el que se adquirieron mercados para distribuir a familias afectadas por la pandemia de la covid-19″.
A pesar de que se le dio un destino loable a una parte del dinero ingresado a la aspiración política del exmandatario regional, es importante señalar que el favor fue devuelto con la suscripción de un contrato por más de $1.700 millones, que benefició al particular que decidió colaborarle.
Los hechos de corrupción fueron conocidos hace aproximadamente un mes, momento en el que se comenzaron a investigar las acciones del funcionario y se fue desentramando todo lo que hubo detrás de la celebración del convenio entredicho. Poco después, en julio del año en curso, el caso se detalló todavía más cuando comenzaron a salir los primeros informes de las entidades de control público.
¿Qué pasó con el gobernador del Vichada?
Una descarada financiación de campaña y entrega de millonario contrato como contrapartida, fue descubierto por la Procuraduría General de la Nación, que acaba de destituir e inhabilitar de su cargo al gobernado del Vichada, Álvaro Arley León Flórez.
Según la investigación del ente de control disciplinario, “León Flórez suscribió un contrato por más de $ 1.700 millones con una persona que estaba inhabilitada por haber realizado aportes a su campaña electoral a la gobernación”.
El asunto, que ha generado indignación entre la ciudadanía, se habría dado justamente cuando el país y el mundo enfrentaba la crisis por la pandemia de Covid, y ante la necesidad de contratar insumos, se entregó a dedo el millonario contrato.
Por estos hechos, la Procuraduría le impuso la sanción de destitución e inhabilidad de ocho años contra el gobernador del Vichada, en un caso en el que se documentaron las irregularidades que cometió el mandatario regional.
El asunto tiene una agravante, y es que el contrato no solo se entregó a dedo, también quedó claro que el beneficiado superó los montos permitidos por la ley en la financiación de la campaña del saliente gobernador Álvaro Arley León Flórez.
La Procuraduría señaló que “el valor máximo que podía aportar un particular, fuera persona natural o jurídica, era la suma de $ 22.096,965 pesos como cifra tope para no generar la inhabilidad para contratar con la Gobernación de Vichada”.
En este caso, el valor aportado superó los $ 40 millones, cifra que excede el 2 % establecido por la Ley para no quedar inhabilitado para contratar con entidades públicas de la circunscripción de Vichada.
Lo peor, y lo que generó esta destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante ocho años, es que las irregularidades se cometieron con pleno conocimiento del gobernador saliente Álvaro Arley León Flórez y de su equipo de campaña.
Se demostró que, al interior de la campaña, se tenía conocimiento de esta contribución y donación en especie “y en especial, el disciplinable quien suscribió, en su condición de candidato, el formulario de las contribuciones realizadas por particulares”.
Así, según los hallazgos del entre de control, quedó en evidencia que el gobernador del Vichada conocía con claridad las irregularidades que estaba cometiendo tato al recibir una financiación de mayor a la autorizada por la ley electoral, así como la ilegal entrega del contrato a una persona que se encontraba inhabilitada.
“Quedó demostrado que el mandatario desconoció su deber de cumplir de manera irrestricta el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en materia de contratación estatal. El ente de control calificó esta conducta como falta gravísima a título de culpa gravísima”, explican desde la Procuraduría.
Al tratarse de un funcionario público de elección popular, Álvaro Arley León Flórez, tiene la posibilidad de apelar la decisión ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.