El pasado 21 de febrero, la Corte Constitucional, en sala plena, tomó una de las decisiones más polémicas para el país, pues con ella Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica en despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, señalando que a partir de los seis meses en adelante seguiría rigiendo la sentencia C-355, del 2006, considerando las tres causales (malformación, violación, riesgo de vida de la madre) para poder acceder al derecho.
En ese sentido, Colombia actualmente se sobrepone a países como Estados Unidos, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en una edad gestacional más avanzada; entendiendo que para la potencia mundial, el acceso a la IVE está condicionado a las leyes existentes en cada Estado, por lo que gran parte de ellos ha establecido límites gestacionales que varían de 20 a 24 semanas, con excepción en Texas, donde solo es permitido hasta las seis semanas.
En ese sentido, Colombia se encuentra, con respecto al tiempo límite para su acceso, colindando con países como Reino Unido. En consecuencia, a la Corte han llegado peticiones en busca de anular el fallo, debido a que, tal como lo señala la Universidad de la Sabana, “los seres humanos en gestación están vivos y tienen la capacidad de sentir dolor, por lo que disponer de su vida de forma absoluta y, tras ciertas semanas de la gestación, de manera tortuosa; sin ningún tipo de limitante, desconoce tales garantías constitucionales e internacionales”.
Por su parte, las diferentes organizaciones que hicieron parte del movimiento Causa Justa, y muchas otras que han brindado su acompañamiento mediante redes y estrategias de apoyo en diferentes zonas del país, celebran a este punto el fallo de la Corte que, según la Fundación Oriéntame, vía Twitter, “puso a Colombia a la vanguardia mundial en garantías para la libertad reproductiva”.
Por su parte, la congresista Mafe Carrascal, quien desde su posesión como congresista ha asegurado que las mujeres serán su prioridad en el Congreso de la República, este lunes convocó a la primera audiencia pública, a la que asistieron diferentes organizaciones de todo el territorio nacional que han estado al frente en la defensa por los derechos de las mujeres y el acceso a la IVE.
“Necesitamos voluntad política para socializar la sentencia C-055 y garantizar los derechos de las mujeres. Hacemos un llamado a seguir articulando con las organizaciones. Podemos aportar, tender puentes y tender redes”, aseguró Rosa Benítez durante su intervención en la audiencia, en representación de Red Defemsoras.
Además, dicho evento contó con la presencia del viceministro de Salud, Jaime Urrego, quien indicó que “las iniciativas que ustedes representan, se convierten en referente para una tarea que tiene la ministra Carolina Corcho, una mujer comprometida con los derechos de las mujeres y la salud, ser un estado garantista”.
Con esto se entiende que, según todo lo planteado durante la audiencia, el Gobierno nacional se pronunciará durante los primeros 100 días con una ruta de atención para el acceso a servicios de IVE, actualizada a las necesidades expuestas y garante del derecho. Finalmente, la congresista Carrascal agradeció vía Twitter a cada una de las organizaciones que hicieron parte de esta primera audiencia, y a su vez señaló que “sin la movilización social, no será posible que nada avance en el Congreso. Mi curul es de ustedes.”