En un insólito caso que le venía haciendo seguimiento la Comisión de Disciplina Judicial, fue sancionado un abogado que asumió la representación legal de dos ciudadanos, pese a tener una condena de 9 años de cárcel y multa de 88 salarios mínimos por el delito de concusión.
El caso por el que fue condenado ocurrió el 9 de junio de 2016, cuando agentes de la Policía y el CTI adelantaron un operativo para desmantelar una red que aparentemente se dedicaba a cobrar sobornos para emitir fallos judiciales a favor de algunas personas, sobre procesos de entrega de tierras en los Llanos Orientales.
En ese operativo cayó un juez, un asistente de su despacho y un escribiente, pero aunque el juez quedó en libertad, los otros funcionarios terminaron en la cárcel por el hecho de que habrían cobrado por lo menos 100 millones de pesos a un ganadero de la región, a cambio de que lo favorecieran con un proceso de restitución de tierras de un predio de 1.800 hectáreas en el departamento de Vichada.
Pero la historia continúo en septiembre de 2019, cuando el escribiente, que resultó condenado por un Juzgado Penal de Villavicencio, volvió a aparecer para recibirle el poder a dos ciudadanos que tenían procesos en Bogotá. Dichos procesos se extendieron hasta principios del 2021.
“Si bien es cierto que el 15 de enero de 2019, el investigado solicitó autorización para trabajar como abogado litigante, dicha solicitud le fue negada, y aunque reiteró la petición el 25 de noviembre del mismo año, el 14 de marzo de 2020 la justicia le dijo que NO estaba autorizado para litigar”, detalló la Comisión de Disciplina Judicial.
Pero ante la omisión de las sanciones, la Comisión de Disciplina Judicial lo halló responsable de no respetar la prohibición de ejercer la profesión estando inhabilitado, pues a pesar de ello aceptó poderes para promover demandas en nombre de otros y ejecutó actos de defensa judicial a sabiendas de que no podía hacerlo.
La Comisión también detalló que “tan contundentes eran las evidencias que, en su versión libre ante la primera instancia, el abogado no tuvo más remedio que aceptar su responsabilidad y confesar la comisión de la falta”.
Frente a su grave falta, la magistrada Magda Victoria Acosta volvió a sancionar al abogado, pues siguió ejerciendo su función a pesar de la sanción penal en su contra y la cual le impedía litigar. Razón por la que quedó suspendido por dos meses, como ya lo había establecido la Comisión Seccional de Bogotá.