Una denuncia sensible ambienta el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia. Su abogado Jaime Paeres informó a la Fiscalía General que el martes 14 de julio fue el blanco de un ataque armado, que fracasó porque los criminales se equivocaron de casa. Según el documento dirigido al fiscal Francisco Barbosa, un grupo de 35 hombres portando armas de largo alcance, algunas tipo fusil, entró a una finca en el corregimiento de San Cristóbal, a 5 minutos del casco urbano de Medellín. Eran las 11 de la noche y estando en el lugar doblegaron al mayordomo e inmovilizaron con violencia a quienes lo acompañaban. El encargado de la propiedad fue golpeado para que revelara la ubicación exacta de una finca, de la cual solo tenían referencia por una fotografía. La fachada coincidía con el lugar donde residía el abogado Paeres.En contexto:
“(La declaración del administrador) fue concluyente para determinar que dicha operación estaba dirigida contra mí, pues le mostraron fotos de la propiedad donde yo me encontraba. Le preguntaron que si él me conocía y que si yo estaba allí, a lo que el señor contestó que no”, dice el abogado Paeres en su denuncia. El abogado cuestionó con asombro cómo es posible que 35 personas armadas puedan pasar inadvertidas por las autoridades en un lugar tan cercano al caso urbano de Medellín. “Es un funesto mensaje para Mancuso, las víctimas, y las mismas autoridades judiciales que han luchado incansablemente para sacar adelante el proceso de Justicia y Paz”, dice.Aunque Paeres no atribuyó responsabilidades, sí indica que su papel como abogado principal del exjefe paramilitar ha sido clave para presentar “denuncias públicas y judiciales de actos delictuales gravísimos desde la institucionalidad perpetrados por algunos pocos y de los que han sido víctimas el postulado Mancuso y su familia”.El Gobierno nacional a través del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, ha asegurado que Mancuso tendrá "como todos los colombianos, sus derechos garantizados" para retornar al país y así cumplirle a la justicia colombiana”. El presunto ataque ocurre en momentos en que Mancuso -quien ya tiene sus cuentas saldadas en Estados Unidos y está recluido en una celda de paso- viene allanando terreno en dos direcciones. Primero, insiste en pedir pista para ser admitido en la Justicia Especial de Paz, jurisdicción a través de la cual podría recobrar su libertad cuando Mancuso aterrice en Colombia.
Para lograrlo, le prometió a la JEP información sobre los financiadores del paramilitarismo, el despojo de tierras y la colaboración de oficiales de la Fuerza Pública. SEMANA conoció que Salvatore Mancuso asegura poder aportar un relato detallado de cómo se conformó el Bloque Norte, y la presunta participación del general del Ejército Iván Ramírez. Mancuso ubica al oficial en varias reuniones para impulsar la creación del bloque, especialmente una celebrada con Carlos Castaño y varios comandantes de brigada en 1996. No es la primera vez que Mancuso menciona al oficial. Recién desmovilizado, aseguró que Ramírez asistió a reuniones junto al general Rito Alejo del Río para planear esta expansión paramilitar. Dice haber conocido, por medio de Ramírez, al hoy fallecido general Alfonso Manosalva, con quien se reunió al menos 10 veces. Ramírez comandó la XI Brigada en Montería y luego llegó a ser jefe de inteligencia del Ejército. Al oficial lo absolvieron en el caso por los desaparecidos del Palacio de Justicia y no tiene requerimientos pendientes, a pesar de que su nombre ha salido a relucir en varios casos de homicidio y desaparición. Ramírez firmó acta de sometimiento a la JEP. Las cuentas pendientes Paralelamente a la carta de la JEP, Mancuso busca su deportación a Italia, país de origen de su familia y el cual no tiene tratado de extradición con Colombia. Por ello, el Gobierno colombiano activó una orden de extradición contra el exjefe paramilitar, con el fin de que venga a responder por sus deudas pendientes. Tiene una orden de captura por presuntamente beneficiarse de las actividades ilegales de la empresaria del chance Enilce López, la Gata. Según la Fiscalía, el exjefe paramilitar habría participado en una actividad de lavado de activos por una cifra cercana a los 200.000 millones de pesos después de la desmovilización. Este requerimiento fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia, tribunal que indicó que a su regreso de Estados Unidos, el exjefe paramilitar deberá ir a prisión. También debe seguir compareciendo en el proceso de Justicia y Paz, en donde ya tienen dos sentencias en firme por la comisión de miles de crímenes como homicidios, desapariciones, desplazamientos. Y está por proferirse un tercer fallo.