Mientras que la Corte Constitucional ha venido avanzando en sentar jurisprudencia sobre asuntos espinosos, pero que tocan temas esenciales para la vida de los ciudadanos, como la regulación de la eutanasia, la reglamentación del aborto y los derechos de las comunidades LGTBI, el Congreso de la República históricamente le ha hecho el quite a estos asuntos.
Este no es un asunto menor, pues la falta de reglamentación en casos como el del aborto, que fue despenalizado por la Corte hasta la semana 24 de gestación, somete a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo a un verdadero calvario por los vacíos normativos y la poca claridad frente a la ruta que se debe seguir para practicar este procedimiento.
Lo mismo ocurre con la eutanasia. En una sentencia de 1997, la Corte permitió esta práctica y exhortó al legislador a regular la muerte digna. Sin embargo, desde aquel momento se han hecho 14 intentos por entrar a legislar sobre este asunto y todos han sido hundidos. El más reciente ocurrió a finales del año pasado, con un proyecto del congresista liberal Juan Fernando Reyes.
Esto ha sometido a decenas de ciudadanos con enfermedades que les producen una largo sufrimiento a ver truncada la posibilidad de acceder a la eutanasia cuando consideran que sus padecimientos son incompatibles con la vida.
Lo mismo ha sucedido con iniciativas de corte liberal, como el caso de la legalización de la marihuana y de tipo animalista, como la prohibición de las corridas de toros. Año tras año se anuncian con bombos y platillos iniciativas de este tipo, pero de manera inevitable terminan hundiéndose de forma estrepitosa.
Sin embargo, a partir de este año, con un Congreso en el que las fuerzas están repartidas de manera más equilibrada entre sectores de centro-izquierda y centro-derecha, esta situación podría empezar a cambiar.
El primer elemento que juega en favor de los promotores de este tipo de propuestas es que los llamados sectores alternativos, que son quienes históricamente han intentado legislar sobre estos temas, pasarán de tener 25 a 40 curules en el Senado y a ellos se sumarán las mayorías del Partido Liberal, que siempre ha acompañado los asuntos que tienen que ver con las llamadas libertades sociales.
Estas dos fuerzas suman casi la mitad del Senado y una proporción similar en la Cámara de Representantes.
Pero a ello se sumará otro elemento que en definitiva terminará pesando: el nuevo gobierno. El presidente electo Gustavo Petro apoyó durante su etapa como senador los proyectos relacionados con la regulación de la eutanasia y el aborto, los derechos a las comunidades LGBTI y la prohibición de las corridas de toros. De hecho, cuando fue alcalde de Bogotá no permitió que se usará la plaza de toros de la capital para espectáculos taurinos.
Si bien el Ejecutivo, en el papel, funciona como una rama independiente al Legislativo, en la realidad termina pesando sobre los congresistas la influencia del presidente y sus ministros. Más aún cuando algunos de los partidos que estarán en la coalición de gobierno seguramente tendrán algún tipo de representación en la administración Petro.
Asuntos espinosos
Una de las primeras iniciativas de este tipo que seguramente tendrá que discutir el Congreso será la reglamentación del aborto, pues la Corte Constitucional exhortó no solo al Legislativo, sino también al Gobierno para reglamentar esta práctica.
Hasta febrero de este año, el aborto se permitía solamente bajo tres causales: cuando existe riesgo de salud física y mental para la mujer, por malformación del feto o en casos en que el embarazo sea producto de una violación. Ahora, con la decisión tomada hace cuatro meses, las mujeres podrán abortar libremente hasta los seis meses de gestación y después de ese tiempo solo podrán hacerlo con las tres causales vigentes hasta hoy en el país.
En su sentencia, el alto tribunal llamó al Legislativo a que, desde el punto de vista normativo, defina los lineamientos mediante los cuales se practicarán los abortos. Y Petro, durante la campaña, dejó ver que este asunto tendrá que ser reglamentado.
El Congreso también tendrá que discutir, a partir del 20 de julio, la posibilidad de legalizar el consumo de marihuana en adultos. Según anunció este miércoles el senador Gustavo Bolívar, el Pacto Histórico radicará un proyecto que plantea la regularización del cannabis y sus derivados para uso adulto solo en espacios permitidos.
Según su impulsor, la iniciativa pretende arrebatarle el negocio al narcotráfico y darle un viraje a la guerra contra las drogas, pues sostiene que está perdida desde hace muchos años.
Por su parte, en el Partido Liberal preparan un proyecto para cumplir con el exhorto de la Corte Constitucional, de hace más de 20 años, de regular la eutanasia. Y el representante Juan Carlos Losada insistirá con la prohibición de las corridas de toros.
Igualmente, ya se encuentra radicada una iniciativa, de la Alianza Verde, con la que se pretende eliminar las llamadas terapias de conversión, que se han convertido en actos de tortura a los que someten a miembros de la comunidad LGBTI para “curarlos” de la homosexualidad.
Según un informe conocido el año pasado, elaborado por la propia Corte Constitucional, en los 30 años que lleva funcionando el alto tribunal, en más de 90 veces ha exhortado al Congreso a que legisle sobre diversos temas. En muchos casos, el Legislativo ha hecho la tarea, pero les ha hecho el quite a los asuntos más controversiales que tienen que ver con las libertades sociales, ¿cambiará esta tendencia?