Mientras en Colombia durante años se ha tratado de buscar el acercamiento entre las comunidades y el Estado, que ha sido cuestionado por no hacer presencia de manera integral, pues la fuerza pública es la que logra llegar a los territorios más apartados, se conoció que el pasado 11 de septiembre, en el municipio de Tierralta, Córdoba, una decena de uniformados del Ejército Nacional habrían llegado a amedrentar a la comunidad y al parecer a abusar sexualmente a una mujer indígena.
El hecho ha generado tal indignación que piden respuestas rápidas a las investigaciones que adelanta la institución. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, fue uno de los primeros en pedir explicaciones. Pidiendo a las autoridades esclarecer violaciones a los derechos humanos contra comunidad rural de Tierralta, que serían atribuidas a miembros del Ejército
Pues en diálogo con líderes de la comunidad en ese municipio, los funcionarios de la Regional Sur de Córdoba advirtieron que, además de las amenazas a la comunidad, una mujer indígena habría sido abusada sexualmente.
Carlos Camargo Assis rechazó las acciones de intimidación y violencia contra miembros de la comunidad de la vereda Bocas del Manso: “Solicitamos a las autoridades civiles y militares adelantar con la mayor celeridad las investigaciones relacionadas con lo sucedido en Tierralta y en particular con el actuar de los soldados del Batallón de Infantería n.° 33 Batalla de Junín, de la Décima Primera Brigada, quienes estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional, según lo advierte el Comando de la Séptima División del Ejército”, dijo el defensor del Pueblo.
El funcionario calificó de “muy grave” lo sucedido, por lo que aseguró que las autoridades deben esclarecer esta situación a la brevedad y garantizar la seguridad para la población. Mediante un comunicado la entidad defensora de derechos humanos indicó que no solo se violó el derecho internacional humanitario, sino que se socavó la confianza que las comunidades vulnerables depositan en la fuerza pública, particularmente en una zona con presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o también llamadas Clan del Golfo.
Camargo confirmó que un equipo de la Regional Sur de Córdoba de la Defensoría del Pueblo se reunió ayer directamente en Tierralta con líderes de la comunidad de Bocas del Manso, que está a cinco horas de la cabecera municipal, para escuchar las denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos por parte de miembros del Ejército.
“Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos acompañando a las comunidades de esta región del país y buscando los mecanismos necesarios para que el Estado, en su conjunto, les garantice que este tipo de situaciones no se repitan”, enfatizó Camargo.
Durante este miércoles 13 de septiembre se estará adelantando un consejo de seguridad en Montería para reiterar el llamado a garantizar los derechos humanos de la comunidad afectada.
Es de resaltar que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció por medio de sus redes sociales: “Lo sucedido en Tierralta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades, sino a las propias Fuerzas Militares”.