La niña embera de 13 años abusada sexualmente por siete soldados del Batallón San Mateo es el caso más reciente, pero lejos está de ser el único que se presenta en Colombia. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y mayo de 2020 se han practicado 7.544 exámenes médicos legales por presunto delito sexual que representan el 43,49 por ciento de las lesiones no fatales en el país. De estos, 6.479 fueron realizados a menores de edad que se desagregan de la siguiente forma: Edad: 0-4 años: 744 exámenes 5-9 años: 1.749 exámenes 10-14 años: 3.001 exámenes 15- 17 años: 985 exámenes. Las mujeres siguen siendo las víctimas más recurrentes del abuso sexual sin distinguir edad. Y al revisar más a fondo, la población indígena y negra de la nación suma un porcentaje importante en los registros, luego de los casos denunciados donde no hay distinción étnica: 151 indígenas (136 mujeres y 15 hombres), así como 183 negros (166 mujeres y 17 hombres).
SEMANA habló con la directora del ICBF, Lina María Arbeláez; y con la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, la abogada Adriana Herrera Beltrán; para conocer el panorama de la vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes. 1. Delitos más recurrentes La directora del ICBF señala que 62.042 menores de edad (44 por ciento hombres y 56 por ciento mujeres) tienen medidas de protección impuestas mientras se hace el respectivo restablecimiento de derechos. "Estos casos se empiezan a desagregar en los diferentes tipos de vulneración. El componente de violencia física, sexual y psicológica es el 38 por ciento de esos 62.000. Por negligencia o abandono, 24.000; por trabajo infantil 3 por ciento y la categoría ‘otros‘ -en la que está la trata de personas, el reclutamiento y el desplazamiento- es cerca del 35 por ciento", dice Arbeláez. Aunque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene como misión proteger a los menores de edad y prevenir la vulneración de sus derechos, lo cierto es que el Código de Infancia y Adolescencia resalta que la familia, la sociedad y el Estado -en ese orden- son también responsables de velar por su cuidado, por lo que Arbeláez hace un llamado para "poner a los niños realmente en el centro de la importancia" que merecen.
Adriana Herrera Beltrán, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, añade que la entidad se nutre de las estadísticas del ICBF, la Policía y Medicina Legal para sacar sus propios informes y en ellos se ha determinado que el abuso sexual con menor de catorce años, la violencia intrafamiliar, el acceso carnal violenta y la explotación sexual son los delitos más frecuentes.
La funcionaria reconoce que del delito de feminicidio no hay cifras "tan claras" a nivel institucional, pero de acuerdo al recuento que han usado de organizaciones sociales se han registrado por lo menos 18 feminicidios de niñas en 2020. 2. "Si se cometen estos delitos contra niños, niños y adolescentes, ¿qué futuro tenemos?" Para la procuradora delegada el centro de la discusión no debe centrarse en si son o no suficientes las medidas de protección y atención a los menores de edad, sino en cuáles son las bases sobre las que se establece la violencia que los persigue.
"Nosotros tenemos una gran cantidad de normas protectoras de la infancia y la adolescencia, pero indudablemente hay un tema de fondo que debemos trabajar desde las instituciones y la sociedad civil: la parte cultural, porque estamos en una sociedad machista y patriarcal contra la que debemos luchar", dice.
3. ¿Estamos cerca de pasar este penoso capítulo de la vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes? Volviendo al caso de la niña embera, el ICBF ha expresado que la menor está en un hogar temporal mientras se adelanta la investigación del caso y se vela por su seguridad, pero es bien sabido que las comunidades indígenas en Colombia han manifestado que se sientes abandonados por el Estado, en la mayoría de veces, y que por ende buscan que se reconozcan sus derechos como cualquier otro ciudadano. Ante esto, Arbeláez responde que el instituto tiene un "enfoque diferencial" en todos los procesos que adelanta con grupos étnicos. "En el marco de primera infancia tenemos la modalidad intercultural que respeta los esquemas, conocimientos y demás elementos de la autonomía indígena y de sus saberes ancestrales", explica. 160.000 niños indígenas menores de 5 años están en el programa de atención a primera infancia del ICBF. Por su parte, la procuradora Herrera Beltrán menciona que "el tema no es normativo" y que "valdría la pena trabajar desde la idea de que las mujeres son objetos de deseo, complacientes, que las niñas se pueden vender o comprar, que no se reconocen hombres y mujeres con la misma dignidad humana cuando esa debería ser la base para poder concluir estas violencias". De la mano de la educación y la formación en materia de derechos humanos estaría la solución para que ningún otro menor de edad sea víctima de un flagelo por cuenta de su vulnerabilidad. 4. ¿Y qué pasa cuando quienes deberían proteger los derechos de los menores son quienes los vulneran?
Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández son los soldados que aceptaron cargos. Los siete soldados implicados en el caso de la niña embera aceptaron este jueves su responsabilidad por el abuso sexual cometido el domingo 21 y lunes 22 de junio. Pero este caso solo es la punta del iceberg de este delito, ya que según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de los 7.544 exámenes médicos legales realizados por presunto delito sexual, a corte de mayo de 2020, 3.457 presuntos agresores son familiares de la víctima (mayor o menor de edad); mientras que 16 pertenecen a las Fuerzas Armadas, la policía, policía judicial o a los servicios de inteligencia.
Sobre este caso en particular las funcionarias opinan: "Es gravísimo porque ahí es cuando uno se pregunta qué sentido tiene esto. Son la autoridad que debe proteger a estas comunidades. Ella es de una comunidad étnica. Igualmente para los servidores públicos que cometen estos delitos hay toda una normatividad penal y disciplinaria para sancionar de manera drástica esta conducta", menciona Herrera Beltrán. "Son una personas que en teoría lo que tienen que hacer es proteger los derechos de todos y no puede pasar que comentan este tipo de actos que claramente vulneran y truncan el proceso de vida a una niña de 13 años", agrega la directora del ICBF. La Procuraduría en ejercicio del poder preferente, asumió la investigación que inició la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército Nacional, con sede en Pereira, contra estos uniformados. Pero aún queda por saber si la comunidad indígena pedirá de manera formal la competencia en este hecho porque la niña hace parte de la etnia embera chamí. De ser el caso, el Consejo Superior de la Judicatura entraría a decidir bajo qué justicia se juzgará a los soldados. 5. "98 por ciento de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes están en impunidad": directora del ICBF En los últimos años se realizaron más o menos 28.000 exámenes anuales por presunto abuso sexual en Colombia, de los cuales un alto porcentaje son practicados a mujeres y niñas. Pero el dato, aunque parezca alarmante, podría ser mucho mayor teniendo en cuenta que el nivel de denuncia es inferior a los casos que realmente ocurren.
Lina María Arbeláez señala que casi la totalidad de casos que registra el ICBF siguen sin ser resueltos. El sistema judicial colombiano no da a basto con los procesos y cada vez que llega una denuncia pueden pasar meses antes de que un fiscal o juez revise los pormenores del hecho. La Procuraduría también maneja cifras similares. En un estudio realizado por la entidad, entre enero de 2017 y agosto de 2018, se encontró que el 90 por ciento ( 65.430) de los delitos sexuales estaban en fase de indagación; solo el 1,2 por ciento en ejecución de penas; 5,7 por ciento en juicio y 2,5 por ciento en investigación. La reacción tardía del sistema en cada uno de estos procesos es la razón por la que no se pueden cruzar los datos sobre exámenes de presunto abuso sexual de Medicina Legal con las cifras de cuántos de esos casos conllevaron efectivamente a una sanción por un delito de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Exámenes médicos legales por presunto delito sexual según la ciudad en 2020 Bogotá: 1.435 casos Cali: 244 casos Medellín: 224 casos Barranquilla: 154 casos Cartagena: 150 casos Pereira: 142 casos