Este martes, Mauricio Toro, representante a la Cámara por la Alianza Verde, radicó un proyecto de ley con el que pretende que en Colombia se acaben las terapias de conversión, un procedimiento con el que se busca física y psicológicamente que las personas modifiquen su orientación sexual. En otras palabras, se induce bruscamente para que integrantes de la comunidad LGBTI+ se conviertan en heterosexuales.
En Colombia, de acuerdo con Toro, se deben prohibir este tipo de terapias practicadas por profesionales de la salud y empíricos “porque los centros de conversión son cámaras de tortura donde someten a las personas a degradación, a maltrato físico y a una tortura psicológica que parece la inquisición”.
A Toro le parece sorprendente que en pleno siglo XXI en Bogotá y varias ciudades del país existan este tipo de lugares.
“Hay sitios donde meten a personas LGBTI, las desnudan, las bañan con agua fría, las electrocutan, las golpean, las ultrajan, las violan, entre otros”, dijo.
Hace pocos días, según el congresista, la Fiscalía cerró uno de estos sitios de tortura.
En el proyecto, Toro propone que quien practique estas terapias o Ecosieg, como también se llaman, tengan funciones administrativas. “Se contempla que esas terapias sean agravantes de dos delitos: tortura y discriminación”, precisó.
La iniciativa está argumentada. En Colombia, en el año 2020, 1 de cada 5 personas de la comunidad LGBTI fue sometida a algún tipo de terapia de conversión; y 1 de 4 que formó parte de dichos procedimientos intentó suicidarse. Las cifras aparecen consignadas en el proyecto.
“Las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han recomendado a los países prohibir estas prácticas como forma de tortura”, añadió Toro. Alemania, Francia, Canadá, Brasil, Ecuador y Argentina, entre otros, ya tomaron medidas preventivas y normativas frente al tema.
En resumen, la homosexualidad no es una enfermedad. Y menos para la comunidad LGBTI que se siente identificada con su condición sexual. ”Aquí no hay nada que curar, nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra orientación, somos parte de la comunidad LGTBI, pero aquí lo que están haciendo es vulnerarnos y violentarnos”, dijo Toro.
Antes de que se termine el 20 de junio, se espera que el proyecto haya cursado un primer debate, pero el ambiente legislativo no será fácil.
“La Comisión Séptima, por donde ingresa, tiene representación de los partidos cristianos para quienes estos temas son sensibles. Recordemos que algunos grupos religiosos han utilizado, en ciertos casos, las terapias de conversión como mecanismo para tratar de curar el homosexualismo cuando claramente no es una enfermedad”, denunció Toro.
Sobre el terreno, el proyecto prohíbe explícitamente que cualquier persona ofrezca, publicite y practique estas terapias, así como el uso de fondos públicos para dicha práctica.
También prohíbe la publicidad y los eventos masivos que tengan como finalidad promover el Ecosieg, y le ordena al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía realizar un protocolo de investigación criminal que priorice investigaciones de delitos cometidos por razones de discriminación.