El escándalo por las presuntas chuzadas a magistrados y auxiliares sigue teniendo nuevos capítulos. Ante ello, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, institución privada que agrupa a los más destacados juristas del país, ha expresado su profunda preocupación.
Además, planteó su rechazo absoluto a las posibles interceptaciones telefónicas a miembros del poder judicial, en particular a los magistrados de la Corte Constitucional, entre los que se encontraría el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, junto a su equipo de colaboradores.
Por medio de un comunicado a la opinión pública, subraya que este tipo de incidentes no son nuevos en Colombia: “En el pasado se ha comprobado que provienen de entidades o personas que quieren esquivar posibles afectaciones a sus intereses por las decisiones judiciales”.
Según sostienen, “se trata entonces de una agresión al poder judicial, con un objetivo previsible: amedrentar, sojuzgar y penetrar en la intimidad de los jueces porque se sabe que ellos tienen el poder que les da el control sobre los excesos del legislador y del Gobierno, y de los propios jueces, para asegurar el funcionamiento correcto del derecho y de la justicia”.
El comunicado enfatiza en la importancia de la autonomía y libertad de los jueces, quienes deben actuar en estricta sujeción a la Constitución, la ley y el derecho. La Academia hace un llamado a la ciudadanía para que rechace cualquier ataque al órgano jurisdiccional, advirtiendo que tales agresiones representan una amenaza al orden institucional y al Estado de derecho.
“De allí nuestra invitación a toda la ciudadanía a rechazar cualquier ataque al órgano jurisdiccional, ya que esto representaría el desaparecimiento del orden institucional y, por lo tanto, del Estado de derecho”, enfatizan.
Finalmente, la Academia exige al Estado y a los organismos de investigación, en particular a la Fiscalía General de la Nación, que realicen pronta y exhaustiva investigación para identificar a los autores y el alcance de las interceptaciones denunciadas.
“Una pronta y completa indagación que permita verificar autores y alcances de las denunciadas interceptaciones y seguimientos, para así tomar los correctivos necesarios e imponer las condignas sanciones a los responsables”, solicita.
Así mismo, pide que se adopten las medidas correctivas necesarias y se impongan sanciones adecuadas a los responsables de estos actos.