En las últimas horas surgió un nuevo obstáculo para la aplicación del Marco Jurídico para la Paz. La Corte Constitucional admitió una demanda que pretende que se fije con claridad la participación política, en un futuro próximo, de los miembros de las guerrillas de las FARC y del ELN. La demanda fue aceptada por el alto tribunal que le dio traslado al procurador general, Alejandro Ordóñez; universidades; ONG, y la ONU, para que emitan concepto sobre el tema. La demanda, presentada por el ex viceministro de Defensa Rafael Guarín, impugna el artículo 67 transitorio de la Constitución porque, en su concepto, sustituye el “marco jurídico democrático que se fundamenta en la dignidad humana, la igualdad, la protección de los derechos humanos y un orden justo”, un pilar fundamental de la Carta de 1991. En consideración del demandante, "la participación política que consagra la Constitución proscribe el crimen como medio legítimo de acción política en la democracia e impide que personas condenadas por delitos transnacionales, actos de terrorismo, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos puedan ser servidores públicos o participar como candidatos en política”. Para Guarín, su propósito es claro: “La demanda busca evitar que miembros de las FARC que han cometido atrocidades puedan tener el derecho a gobernar en Colombia”. Con la admisión de la demanda se espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad de la norma demandada y establezca condiciones sobre este tema. Una herramienta esencial El presidente Juan Manuel Santos dijo en días pasados que el Marco Jurídico para la Paz, aprobado por la Corte Constitucional, es “esencial” para terminar con el “anacrónico” conflicto del país. “El Marco Jurídico para la Paz es esencial para el futuro de un país como el nuestro, que avanza en un proceso de paz para terminar de una vez por todas con un conflicto a todas luces anacrónico”, dijo Santos. Para el mandatario, el citado instrumento busca establecer un marco constitucional que permita poner en marcha una estrategia integral de justicia transicional que garantice la satisfacción de los derechos de las víctimas y la transición hacia la paz. El Marco Jurídico para la Paz fue aprobado por el Congreso en junio del 2012. El pasado 28 de agosto, la Corte Constitucional dio su aval a la norma después de un mes de análisis de su contenido, lo que, en opinión del presidente, “es una muestra más de cómo las ramas del poder, sin injerencias indebidas, pueden y deben trabajar por un mismo fin, que es la paz, el bienestar, la felicidad de la Nación”.