Para el coronel (r) John Marulanda, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), el trino del presidente Gustavo Petro —en el que advierte que si se presentan masacres en las regiones serán los comandantes de las autoridades que tienen injerencia en la zona quienes respondan con anotaciones en sus hojas de vida— puede generar graves implicaciones penales para los mandos, violándoles su derecho a la presunción de inocencia, pues más allá de las sanciones administrativas puede pasar a las consecuencias penales.
Cabe recordar que sobre el mediodía del pasado 13 de agosto, el presidente envió una fuerte advertencia a los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional: “La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos”, se lee en el Twitter del presidente.
Agregó: “Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de líderes sociales”.
Para Marulanda, ese es un trino que refleja: “Una posición del presidente autoritaria, que no se compadece con la situación que están viviendo las fuerzas militares y de Policía en este momento en el país”, indicó el oficial en retiro.
Es consciente de que el presidente tiene plena autoridad y dominio de las fuerzas, constitucionalmente hablando, “pero si él sigue mostrando una postura autoritaria in extremis, estamos frente a un problema mayor porque es equívoco y problemático”, apuntó.
Considera que debe completar el trino: “Señor presidente le faltó claridad”, le dice a través de SEMANA.
Para Marulanda, es necesario explicar que un comandante no puede responder por hechos terroristas o criminales que ocurren de un momento a otro sin previa advertencia de la Defensoría del Pueblo, Personería o de la Procuraduría mediante las conocidas alertas tempranas. Por eso insistió: “Señor presidente, aclare su trino si su posición no es autoritaria, porque eso es equívoco y problemático”.
Lo anterior genera inconformidad en las filas y entre los comandantes, que son los que responden por lo que pueda suceder de acuerdo con el trino de Petro. Por eso considera necesario que el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, incida, para calmar “las aguas y diciendo: ‘un momento, muchachos, el presidente lo que quiso decir es eso’”. Señala que de esa manera quizá logre apaciguar el inconformismo que quedó en las filas, pero que por normas de jerarquía no se puede ni expresar.
Para quienes consideran que, en ese orden de ideas, Petro propone sanciones a los comandantes por esas masacres, entonces él también debería tener responsabilidad, siendo el máximo comandante y jefe de la fuerza pública. Aclara así que la responsabilidad se desglosa por jurisdicciones, lo cual no lo involucraría a él.
Sin embargo, señaló que lo que si estaría motivando es la violación del debido proceso y la presunción de inocencia, debido a que en Colombia nadie es culpable hasta que le demuestren lo contrario. Más cuando el país afronta una etapa en la que los grupos armados ilegales se enfrentan entre ellos para disputarse el control territorial, donde predominan las rentas del narcotráfico y otras actividades ilícitas como la minería ilegal.
Lo primero que pensó como exmilitar, que conoce de cerca cómo funcionan las fuerzas, al ver la publicación del presidente, fue lo injusto que resulta una advertencia como esa, independientemente de la capacidad de reacción frente a las alertas tempranas de la Personería o Defensoría del Pueblo.
Para aclarar si hay alertas, es obligación tomar medidas de prevención, que si no se hacen seguramente tendrán consecuencias, pero hay otras situaciones que se salen de las manos y es difícil predecir y por esas no se puede culpar a los comandantes. Muchas de las masacres se dan dentro de enfrentamientos de los mismos miembros de grupos criminales, situaciones ajenas a los uniformados del Estado.
Sobre la salida de 52 generales de la República que se dio por orden del presidente, Marulanda asegura que es una orden constitucional que nadie puede replicar; que si bien es cierto puede generar algún debilitamiento en las operaciones e investigaciones que se adelantaban, incluso algún tipo de parálisis, es cuestión de que los nuevos comandantes retomen rápidamente el control para reencaminarlas. Es constitucional el llamamiento a calificar servicios.