La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore) rechazó los hechos presentados el pasado jueves, 8 de febrero, por el asedio perpetrado a las instalaciones del Palacio de Justicia, en el marco de las movilizaciones convocadas para exigir la elección del fiscal general.
Desde la asociación le exigieron al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, las garantías necesarias y de seguridad para el ejercicio de las funciones de cada una de las ramas del Poder Público en Colombia y su independencia.
El presidente nacional de Acore, general (r) Guillermo León, expresó el respaldo y la solidaridad con los magistrados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, y rechazó tajantemente los hechos que se extendieron por más de cinco horas en el centro de Bogotá.
“Es absolutamente inaceptable sitiar y bloquear, es decir, retener a jueces y funcionarios de la rama judicial para ejercer presiones indebidas con fines políticos frente a una decisión trascendental para el país, como es la elección del fiscal general de la Nación”, señaló León.
El general en retiro resaltó que entre las condiciones fundamentales para garantizar la paz y la ley debe prevalecer el “respeto irrestricto del orden institucional, el acatamiento de la independencia y autonomía de las entidades, así como la observancia de la separación de las remas del Poder Público”.
Insistió en su apoyo a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y demás instituciones y ciudadanos de bien para exigir al Gobierno nacional “las garantías necesarias para la justicia”, y resaltó que no hay razón que justifique las vías de hecho.
“No existe razón alguna que justifique las vías de hecho, las extralimitaciones ni la violencia contra ningún ciudadano ni contra ningún representante de la majestad del Estado”, manifestó el presidente de Acore, quien resaltó “la independencia y la concordia de la justicia”.
“Reiteramos nuestro llamado a los representantes de las ramas del poder y la institucionalidad a la cordura y la sensatez, que asuman su responsabilidad dentro del marco de la Constitución y el respeto mutuo en procura del bienestar general”, destacó el representante de la asociación.
El general (r) Guillermo León insistió en el llamado “al Gobierno nacional para mantener el orden constitucional y preservar nuestra democracia, en el entendido que él simboliza la unidad nacional”.
La Corte Suprema de Justicia también hizo un fuerte pronunciamiento tras los hechos ocurridos el pasado jueves y rechazó tajantemente el asedio, bloqueo, amenazas e intimidaciones que se presentaron durante la jornada de protestas en Bogotá.
“La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar en presiones, hostigamientos o amenazas”, advirtió el alto tribunal.
La Corte manifestó que “con este tipo de acciones la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”.
“En un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los pronunciamientos institucionales consagrados en el orden jurídico”, manifiesta el alto tribunal en rechazo a todo lo ocurrido, advirtiendo que los bloqueos a las puertas de ingreso “afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.