Un nuevo portazo le podría caer al gobierno del presidente Gustavo Petro con la revisión que le empezó a dar la Corte Constitucional al Acuerdo de Escazú, para verificar si la ley con la que se aprobó el ingreso de Colombia a esa norma internacional cumple con todos los conceptos constitucionales.
Para eso, el alto tribunal ordenó recoger una serie de pruebas al Ministerio de Relaciones Exteriores y las Secretarías del Senado y la Cámara de Representantes, para validar esa situación jurídica. Además, citó a una comisión de expertos para que rindieran su concepto técnico frente al ingreso de Colombia a Escazú, evaluación que llegará a la Procuraduría para que también dé su postura.
La Corte le ordenó al Gobierno que identificará “el número, la ubicación, y el tipo de proyectos (viales, de infraestructura, minero - energéticos, extractivos, etc.) a los que se les debería aplicar las reglas de acceso a la información ambiental, de participación pública, de acceso a la justicia en asuntos ambientales y protección de los derechos de los defensores en asuntos ambientales contenidas en el Acuerdo; y (ii) el porcentaje de la población que, en las zonas en que se desarrollan o desarrollarán los proyectos, pertenece a comunidades indígenas”.
Hay que recordar que este Acuerdo lo aprobó el propio Congreso de la República, pero fue sancionado por el presidente Gustavo Petro a finales de 2022 en compañía del suspendido canciller Álvaro Leyva; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; y los entonces ministros Alfonso Prada e Irene Vélez.
En esa época, el presidente aseguró que “hemos firmado el tratado internacional, que se convierte en Ley de la República, de Escazú (…) y fundamentalmente le garantiza hoy a cualquier ciudadano y ciudadana de Colombia acceso a la información, en primer lugar, sobre proyectos, iniciativas del Estado o privadas, que tengan que ver con afectaciones al medio ambiente. Toda la información ambiental que es un derecho fundamental, aquí se garantiza a partir de esta ley, para cualquier persona”.
Pero con la sesión técnica que se desarrollará este viernes en la Corte Constitucional, centro de Bogotá, se busca determinar la relación que tiene ese acuerdo internacional con los principios fundamentales de soberanía nacional y seguridad jurídica en los que se basa Colombia.
La audiencia arrancó a las 8:30 a.m. para analizar “la relación del acuerdo de Escazú de soberanía nacional y seguridad jurídica (…) a la Corte le corresponde decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales. Sobre esta norma se adelanta el control constitucional oficioso”, dijo el magistrado José Fernando Reyes, el presidente de la Corte Constitucional.
Lo más particular de la audiencia es que se llevará a cabo durante la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, en Chile, y la audiencia sobre la emergencia climática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Barbados.
Algunos críticos han cuestionado que la Corte Constitucional revise la constitucionalidad de Colombia en el Acuerdo de Escazú, cuando este año el país, específicamente Cali, es la sede principal de la COP16, la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
“La Corte es consciente de la importancia del caso en estudio (…) en la determinación de la lista de invitados que hemos querido conformar un grupo plural que puedan exponer argumentos variados que se puedan formular con el eje temático que se debe orientar esta discusión”, aseguró el magistrado Jorge Ibáñez, vicepresidente del alto tribunal.
En medio de este estudio de viabilidad del Acuerdo de Escazú, el Gobierno ha argumentado que esa ley internacional no necesita de unas consultas previas con comunidades indígenas o de algún tipo de análisis fiscal para que sea aplicado.