Durante el proceso de paz, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), manifestó sus observaciones en relación con lo negociado entre el Gobierno y las FARC en La Habana. De hecho, fue uno de los que más criticó los beneficios jurídicos que recibiría la guerrilla."Discrepamos con que los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad puedan evitar pasar siquiera un solo día en prisión si confiesan sus delitos (...) Además, nos preocupa que las sanciones alternativas del acuerdo están plagadas de vacíos y ambigüedades que las pueden tornar en sanciones meramente nominales o de servicio a la comunidad", aseguró Vivanco el pasado 24 de septiembre en entrevista con Semana.com. Ahora, después de que los acuerdos fueron rechazados por los colombianos el pasado domingo, él escribió una carta dirigida al presidente, Juan Manuel Santos, refiriéndose a la posibilidad de "renegociar" los acuerdos de paz.En esta, celebró el compromiso del mandatario para continuar las negociaciones tras el triunfo del No en el plebiscito y, al reiterarle que para HRW el componente de justicia contenía "graves deficiencias que habrían menoscabado considerablemente el derecho a la justicia" de las víctimas, le resaltó "tres principios básicos" para ofrecer una garantía mínima de justicia efectiva a quienes sufrieron los flagelos de las FARC.El primero de estos es que aquellos que confiesen los crímenes de guerra -sean miembros de las FARC o agentes del Estado- deben cumplir "la totalidad de sus penas" en sitios de reclusión con límites obligatorios y demarcados, argumentando que "según el derecho internacional, Colombia tiene la obligación de asegurar que las violaciones de derechos humanos sean castigadas con sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos".Además, indica Vivanco, los comandantes de las FARC y de las Fuerzas Armadas deberían ser investigados penalmente por las violaciones de derechos cometidas por sus subalternos, de acuerdo con la definición de "responsibilidad de mando", establecida en el derecho internacional, puesto que estos tendrían conocimiento de la comisión de los delitos y no habrían hecho algo para evitarlo.Por último, el director le sugirió al presidente prohibir que "criminales de guerra" ejerzan cargos de elección popular mientras cumplen las sanciones que les impongan."Uno de los propósitos fundamentales del proceso de paz es permitir que las FARC promuevan sus objetivos políticos en un marco democrático. Se deberían respetar plenamente los derechos políticos de los miembros de las FARC, incluido el derecho a participar en política y desempeñarse en cargos públicos, pero sólo luego de que hayan cumplido las sentencias impuestas con arreglo al acuerdo por crímenes de guerra o de lesa humanidad. Sería inconsistente con el castigo que corresponde a estos delitos que los condenados puedan participar en política o ejercer cargos de elección popular mientras cumplen con sus sanciones", escribió Vivanco.