Más de un año después de creado el Consejo Profesional de Administración Ambiental (CPAA), cuya función principal es la expedición de las tarjetas profesionales, cientos de administradores ambientales siguen esperando el documento, a pesar de haber cumplido todos los requisitos. Entre estos, se encuentra la consignación de 380.000 pesos a la cuenta bancaria del organismo, que posiciona a estas tarjetas profesionales dentro de las más costosas del país. El 09 de marzo de 2016 inició la recepción de solicitudes para la expedición del documento, como cumplimiento de la ley 1124 de 2007, que fijó como requisito para desempeñar el cargo de Administrador Ambiental en entidades públicas y privadas, la presentación de la tarjeta profesional. Hasta el momento no ha sido entregada la primera tarjeta.   Por ahora sólo se está expidiendo la matrícula profesional a través de una resolución que se envía escaneada al correo del solicitante. Sin embargo, este documento parece no ser suficiente, pues con base en el artículo sexto de la Ley 1124 de 2007 que estipula que “para desempeñar el cargo de administrador ambiental, las entidades públicas o privadas deberán exigir al interesado la presentación de la tarjeta profesional”, muchas entidades descartan a estos profesionales por no cumplir a cabalidad el requisito.Puede leer: Se reabre la polémica por norma que equipara a universitarios con técnicosLa Asociación Nacional de Profesionales de Administración Ambiental ASPRODA aseguró que “tanto en convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil como del sector privado han descalificado a muchos egresados por no tener la tarjeta profesional”.Pese a lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostiene que “las resoluciones aprobatorias de las matriculas profesionales habilitan a los interesados para ejercer la profesión de administrador ambiental en todo el territorio de la república y la tarjeta o plástico es un complemento de la matricula profesional”.EL por qué del retardo En respuesta a una de las múltiples peticiones presentadas por los profesionales en administración ambiental, el CPAA sostuvo a través de un correo electrónico suscrito por Jairo Andrés Rojas Forero, Secretario Ejecutivo del Consejo Profesional, que el organismo “no se encuentra realizando entrega de tarjetas profesionales hasta tanto no se realice la compra de la impresora para tal fin”.  Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Subdirector de Educación y Participación Silvio Emiliano Garcés Mosquera, le afirmó a SEMANA que el retardo en la expedición de las tarjetas profesionales se debe a que el “Consejo Profesional de Administración Ambiental, se encuentra a la espera de la respuesta que pueda ofrecer el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cuanto al manejo de los recursos recaudados, por cuanto de acuerdo con concepto del Consejo de Estado, el CPAA carece de competencia para contratar y por esa razón no ha adquirido la máquina para procesar las tarjetas profesionales”.Le puede interesar: ¿Puede un contrato a término fijo convertirse en uno indefinido?En síntesis, el Consejo Profesional de Administración Ambiental viene recaudando el dinero desde hace un año, el cual asciende actualmente a más de 300 millones de pesos, sin embargo, en todo este tiempo no se ha emitido el concepto jurídico que permita usar el dinero de los solicitantes para lo que debería usarse: expedir las tarjetas profesionales.  SEMANA conoció por parte de grupos de administradores ambientales, que por la problemática que padecen estos profesionales, en los próximos días radicarán tutelas en contra del CPAA, por vulneración del derecho al trabajo, al ejercicio profesional y a la información. Así mismo, una acción de cumplimiento con el objeto de lograr una efectiva vigilancia administrativa por parte de la Contraloría y la Procuraduría General de la República.Son miles de administradores ambientales en el país, que deberán tramitar su tarjeta profesional ante el CPAA, por lo cual, de continuar la inoperancia del organismo encargado de la expedición del documento, los perjuicios ocasionados a estos profesionales serán cada vez mayores.