El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tuluá admitió una acción de tutela en la que se solicita el traslado a centros penitenciarios de 109 personas privadas de la libertad que están hacinadas en condiciones deplorables en el Comando de Acción Inmediata (CAI) Aguaclara de la Policía en ese municipio del norte del Valle del Cauca.
El recurso presentado por el personero delegado de derechos humanos de esa localidad, José Martín Hincapié, contra el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Tito Yesid Castellanos, y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se instauró luego de un intento de motín en el CAI Aguaclara que por poco deriva en un incendio como el que desató la tragedia en la cárcel de Tuluá y una visita en la que el Ministerio Público evidenció que, pese a las órdenes emitidas por los jueces, los reclusos no han sido trasladado a cárceles.
En ese sentido, la tutela busca, entre otras cosas, que el Inpec ordene inmediatamente la recepción de todos los privados de la libertad que se encuentran en el CAI Aguaclara, donde en este momento hay 80 hombres y 29 mujeres.
La tutela busca -además- que no se vulneren los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la justicia de los capturados, y que “se les permita concurrentemente el goce y disfrute de sus derechos inherentes a la dignidad humana que tiene por mandato constitucional”.
De acuerdo con el recurso presentado por Hincapié, los reclusos han visto vulnerados sus derechos a la salud, a la familia, a la seguridad física, a la protección de la vida, y el acceso a mínimos vitales en materia de salubridad, alimentación adecuada, visitas conyugales y tratamientos psiquiátricos.
Condiciones básicas como la posibilidad de hacer ejercicio, tomar el sol y disponer de un lugar adecuado para dormir también habrían sido violentadas dentro del CAI Aguaclara, según la tutela.
Por último, el recuso solicita “prevenir al Inpec para que no vuelva a incurrir en fraude a resolución judicial por no cumplir las órdenes de encarcelamiento emitidas por jueces”.
Se espera que en los próximos días el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tuluá resuelva la acción de tutela presentada por el personero delegado de derechos humanos de Tuluá.
Condiciones deplorables
SEMANA conoció que el lunes 4 de julio, en el Comando de Atención Inmediata (CAI) Aguaclara de la Policía de Tuluá, hubo un intento de motín y un conato de incendio.
Una de las mujeres que están capturadas en este CAI prendió fuego a sus enseres al interior de su celda. Por suerte, la conflagración, que puso en riesgo a los reclusos y custodios, fue controlada a tiempo y se evitó lo que pudo ser otra tragedia carcelaria.
Alertados por esta emergencia, la Personería municipal se trasladó hasta el CAI para revisar las condiciones en las que están los privados de la libertad. Los hallazgos son estremecedores.
Los reclusos, que no deberían estar en ese lugar, sino en centros penitenciarios, se encuentran en un hacinamiento total. En promedio, en cada celda hay entre 10 y 15 presos.
Dentro del CAI hay redes empíricas de energía usadas por los presos que representan una situación de peligro. La condición sanitaria es lamentable: al interior de las celdas están ubicadas, separadas solo por una cortina, las baterías sanitarias, que son compartidas por numerosos grupos de reclusos.
Además, la seguridad también deja mucho que desear, pues, según la Personería de Tuluá, las celdas no son las adecuadas para tener a tantas personas retenidas y son fáciles de abrir.
“Las condiciones no son aptas y violan la dignidad humana. En diferentes oportunidades hemos insistido ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la necesidad de recibir a los detenidos que están en el CAI Aguaclara. Los jueces de la República han ordenado que sean internados en centros penitenciarios”, dijo José Martín Hincapié, personero delegado de derechos humanos de Tuluá.
La crisis carcelaria tiene en jaque a Tuluá, donde el hacinamiento y las deplorables condiciones de los capturados que esperan por ser trasladados a penitenciarias se suman a la clausura de la parte antigua de la cárcel, zona en la que estaba ubicada el pabellón ocho, donde ocurrió la tragedia que dejó más de 50 muertos y 20 heridos, lo cual reduce el cupo carcelario del municipio.