La Procuraduría General de la Nación hizo este viernes un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que puedan priorizarse los hechos de violencia sexual en medio del conflicto armado, y diseñar nuevas estrategias para que los miembros de las antiguas FARC-EP realicen su aporte a la verdad de manera plena, detallada y exhaustiva, y reconozcan su responsabilidad.

Se trata de un oficio que fue enviado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP. Allí, el Ministerio Público señaló que “hasta este momento no se ha alcanzado un énfasis determinante que logre respuestas efectivas que satisfagan a las víctimas de violencia sexual –violencia basada en género– en el reconocimiento de sus derechos”.

Magistrada Lily Rueda Guzmán y Eduardo Cifuentes Muñoz en la JEP. | Foto: Guillermo Torres Reina

Además, expuso que, “de acuerdo con el análisis realizado a los informes de las organizaciones de víctimas, encontró escasez de verdad en los relatos de los comparecientes, lo que ha generado una perpetuación en el silencio de las víctimas, ahondando aún más en la invisibilidad que han tenido a lo largo de los años de conflicto”.

Otro punto importante en el que hace énfasis la Procuraduría es en el hecho de que la desigualdad de género es preexistente al conflicto armado, y que la violencia se instrumentalizó y exacerbó, por lo que “deberán reconocerse medidas de reparación y restauración, el sufrimiento especial de las mujeres y la importancia de su participación activa y equitativa en la JEP”.

Para la Procuraduría, las estrategias que implemente la JEP “deberán lograr una efectiva sensibilización y concientización de los exintegrantes de las FARC, con el fin de que sea comprendida la relevancia de contar la verdad sobre los hechos de violencia sexual (violencia basada en género)”.

Pero la Procuraduría fue más allá. El órgano de control recordó a la JEP que las normas que la rigen como tribunal incluyen garantías procesales, sustanciales, probatorias y de acceso, e incorporan el enfoque diferencial y de género, como uno de los principios pactados en el Acuerdo de Paz.

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