En desarrollo del estudio del proyecto de presupuesto de rentas y recursos para 2023 que se adelanta en el Congreso de la República, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, advirtió que los recursos para atender a la población afectada por el conflicto armado son insuficientes, por lo que pidió una revisión de las partidas.
La funcionaria, que intervino ante las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, señaló que “el gran reto ahora es hacer los análisis técnicos para mejorar una redistribución de los recursos presupuestales con base en las necesidades reales de las víctimas”.
A su juicio, lo que hay que hacer con los recursos de la entidad es una ejecución eficiente y transparente, y un trabajo sistémico de varias entidades para atender territorios ocupados y en disputa por diferentes grupos armados en los que las víctimas no solo se enfrentan a un hecho victimizante.
Tobón Yagarí dijo estar dispuesta a realizar una auditoría especial para el tema de las víctimas y, además, anunció que desde la entidad se hará “lo respectivo para revisar técnicamente la viabilidad de propuestas y buscarle salidas para cumplir las metas” trazadas para quienes resultaron afectadas por el conflicto armado.
“Vamos a hacer una evaluación con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda para poder darle al Congreso las cifras estimadas, de acuerdo con lo que serían las necesidades de las víctimas y, con ese presupuesto, cuánto se podría avanzar en las metas; a eso nos comprometemos”, dijo.
Ante las bancadas, Tobón dijo que “es una decisión política de este Congreso aprobar el presupuesto para las víctimas y de eso van a depender la meta y el acceso a sus derechos”.
La funcionaria indicó que la Unidad solicitó para el año 2023, 3,5 billones de pesos y le fueron asignados 2,5 billones de pesos. De esto, 1,3 billones de pesos de inversión asignada, el 50 % está destinado de manera específica al pago de la indemnización y a la reparación colectiva.
Informe de la Contraloría
Ese pronunciamiento coincide con un informe de la Contraloría General de la República que advirtió que desde la puesta en marcha de la Ley de Víctima se había fijado un plazo para atender los compromisos con las víctimas, pero según señaló, por el momento es imposible cumplir con lo que se había prometido.
De acuerdo con los cálculos, son necesarios 301 billones de pesos para cumplirle a todas las víctimas del país para el año 2031. El organismo de control fiscal señaló que existe una baja asignación de subsidios y entrega de viviendas a la población víctima de desplazamiento forzado, por poner un claro ejemplo.
Sobre esa situación puntual, la Contraloría le solicitó al Gobierno que realice un costeo detallado los recursos que serían necesarios para cumplirle a los pueblos indígenas, afrocolombianos y gitanos que han sido víctimas del conflicto armado interno, y así ejecutar cada una de las medidas contempladas en la Ley de Víctimas y los Decretos Leyes Étnicos.
“Los recursos ejecutados entre el 2012 y 2021, por 146 billones de pesos, los programados en el Conpes 4031 de 2021, por 142 billones de pesos, resultan insuficientes para la atención y reparación de las más de 8 millones de víctimas que hoy tenemos en Colombia”, explicó la vicecontralora general encargada, Lina María Aldana, luego de hacer esta advertencia en su intervención en la presentación, con la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, de los informes de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos.
Finalmente, en uno de los apartes del informe presentado se señala que para indemnización individual y colectiva son necesarios 74 billones de pesos, para vivienda: 53 billones de pesos, en generación de Ingresos cerca de 15 billones de pesos y a para todo lo relacionado con retornos y reubicaciones se requieren 13 billones de pesos.
Cifras de víctimas
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), de los 8.376.463 afectados por la violencia, 8.074.272 corresponden a “víctimas del conflicto armado” y las otras 302.191 a la categoría “víctimas sentencias”, que fueron incluidas en cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional.
Se refiere específicamente a la “atención, asistencia y reparación integral” de quienes han sido perjudicados por el “conflicto armado interno”.
Según esas cifras, de las 8.074.272 víctimas, 7.134.646 corresponde a casos de desplazamiento, 983.033 homicidios, 165.927 desapariciones forzadas, 10.237 torturas y 34.814 secuestros, entre otros hechos.
Por su parte, el Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC) del Centro de Memoria Histórica publicó un informe en que señaló que entre 1958 y 2020 el conflicto armado dejó 357.108 hechos violentos, con un saldo de 265.505 víctimas fatales.
El Sistema de Información de Eventos de Violencia del Conflicto Armado Colombiano (Sievcac) documentó 11 modalidades de violencia en el marco del conflicto armado.
La modalidad que más víctimas deja hasta ahora es el asesinato selectivo, con 179.551 personas muertas. Esto corresponde al 42,94 % de los actos de violencia cometidos en el conflicto colombiano.
En segundo lugar, está la desaparición forzada, con 67.850 hechos de violencia, el 19,2 % del total. Esta modalidad deja 80.599 víctimas, de las cuales, 8.248 aparecieron muertas y 1.793 vivas. Los datos indican que de 58.951 víctimas no se tiene información adicional a su desaparición y que 11.607 siguen desaparecidas, pero con indicios de su paradero.
Después están las acciones bélicas (10,23 % de los casos) y los secuestros (8,72 %), el daño a bienes civiles (5,9%), el reclutamiento de menores (4,7%), la violencia sexual (4,3 %), las minas antipersonales (2,6 %), las masacres (1,2 %) y el ataque a poblaciones y los atentados terroristas (0,1 % cada uno).
Según las cifras del OMC, el departamento con más hechos violentos registrados en el marco del conflicto armado en el periodo analizado fue Antioquia, con 97.535 casos. Después están Norte de Santander, con 17.762 acciones, y Meta, con 17.471.