La integración entre las aerolíneas Avianca y Viva Air sigue manteniendo en vilo a los usuarios y a las otras compañías aéreas que presentaron sus recursos de apelación al considerarse como tercero afectado en medio de este proceso.
Aunque la Procuraduría General de la Nación señaló que la Aerocivil estaba retrasando el proceso al no dar respuesta a los recursos interpuestos, esta entidad emitió un comunicado en el que explicó cómo se dio el proceso y señalando que este martes (25 de abril) entregaría una decisión, anticipándose a los tiempos de ley que le permiten tomarse hasta dos meses.
“El dictamen aportado por la aerolínea Wingo es un trámite que demora de manera innecesaria el proceso de integración empresarial sobre un servicio público esencial y que contradice una norma de carácter especial”, fue el reclamo hecho por la Procuraduría.
Al respecto, la Aerocivil señaló que entregará su respuesta luego de 13 días de haber recibido estos recursos por parte de Avianca, Viva, Wingo, Jetsmart, UltraAir, la propia Procuraduría y Latam; además, hizo énfasis en que pese a tener dos meses de plazo para dar su pronunciamiento, lo hará de manera anticipada este 25 de abril.
“Contra la mencionada decisión, en el plazo de ley (hasta el 4 de abril), se presentaron recursos de reposición y apelación por parte de Avianca, Viva, Wingo, Jetsmart y Ultra Air. Lo propio hizo la Procuraduría General de la Nación. Latam, por su parte, presentó recurso de apelación. La Dirección de Transporte aéreo, atendiendo la obligación legal de analizar y dar respuesta a todos y cada uno de los argumentos de los recurrentes, si bien cuenta con un plazo legal de hasta dos meses para resolver el recurso, después de un trabajo arduo y extenso notificará su decisión el 25 de abril de 2023; esto es, apenas trece (13) días hábiles después de radicados los referidos escritos”, indicó la Aerocivil en un comunicado.
Nuevo escándalo sacude a Aerocivil por presuntos contratos por $20.000 millones
La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por establecer de la Aeronáutica Civil por la presunta suscripción de cuatro procesos de contratación por $ 20.000 millones en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
El Ministerio Público, en la decisión conocida por SEMANA, le puso la lupa a los presuntos cuestionamientos a la contratación millonaria de la Aerocivil; además, al parecer, carecen del aval del director de telecomunicaciones de esta; y los posibles desacuerdos de los directores técnicos con estos hechos.
La Procuraduría segunda distrital busca identificar los negocios jurídicos en cuestión, los cuales corresponden, presuntamente, a dos licitaciones públicas; la primera para poner en funcionamiento equipos de comunicación de alta frecuencia para Barranquilla por $ 10.779 millones y la segunda para instalar y poner en servicio sistemas de comunicaciones de voz en torres de control por $6.090 millones, ambas con el uso vigencias futuras.
A su vez, dos contrataciones directas para la adquisición de equipos de radares por $ 6.000 millones; por tanto, el ente de control inició la práctica de pruebas pertinentes para esclarecer las acciones que son objeto de investigación.
No es el único caso
El posible vínculo entre miembros de la unidad aeronáutica y organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes es otra de las “fracturas” en el interior de un organismo en el que se mantiene la lupa.
“La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Aeronáutica Civil, por las presuntas irregularidades contractuales y otros hechos de corrupción que se habrían registrado en los últimos años en esa entidad”, señaló el órgano de control.
Los puntos de “quiebre” en Aerocivil giran en torno a la firma irregular de contratos de prestación de servicios. También, en relación con sobrecostos en la adquisición de herramientas tecnológicas, repuestos, infraestructura, y elementos de comunicación, por ejemplo.