Este martes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó su concepto frente a la millonaria demanda radicada por la multinacional Thomas Greg & Sons en contra de Colombia por las afectaciones que alega sufrió por la decisión de la Cancillería de declarar desierta la licitación para el contrato de expedición de pasaportes.
La multinacional le exige al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia una reparación cercana a los 117 mil millones de pesos por considerar arbitraria y sin justificación la decisión tomada a finales de 2023.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, presentó este lunes su concepto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que pide que no se acepten las pretensiones de la demanda presentada en diciembre de 2023 y que está en estudio en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “La línea de defensa es demostrar que hay cláusulas en el pliego de cargos que son ineficaces en pleno derecho”.
En este sentido, explicó que la decisión tomada por el entonces canciller Álvaro Leyva Durán se ajustó a la ley porque se encontraron “varias irregularidades en la licitación”, entre estas la restricción para que se presentaran varios proponentes u oferentes puesto que el pliego de condiciones favorecía únicamente a la multinacional.
“Esta no es una licitación cualquiera”, aseguró Palomino Cortés en rueda de prensa en la mañana de este lunes. “Involucra información sensible y documentación reservada”.
En el pliego de condiciones se fijaba una serie de exigencias que privilegiaban con puntos a Thomas Greg & Sons, puesto que era la única que cumplía la mayoría de los requisitos, teniendo en cuenta que llevaba varios años con el contrato para la emisión de pasaportes en Colombia.
“La decisión de declarar desierta la Licitación Pública 011 de 2023 se ajusta al marco legal, considerando que los requisitos habilitantes y de ponderación incluidos en el pliego de condiciones impedían la selección objetiva”, explicó el director de la Agencia.
El director de la Agencia Nacional avaló la posición que tomó en su momento Martha Lucía Zamora en este caso. “Fue lo adecuado”.
El pasado 2 de agosto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció “una sentencia anticipada” en esta millonaria demanda.
Sin embargo, tras la presentación de una petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, los términos se suspendieron mientras se allegaba el concepto frente a la respectiva demanda.
Por las presuntas irregularidades que se presentaron al suspender la licitación, la Procuraduría General le abrió un juicio disciplinario a Álvaro Leyva Durán. El sentido del fallo en primera instancia se emitirá en los próximos días.
Para el organismo de control disciplinario, el entonces canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias por declarar desierta la Licitación 001 de 2023, sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
En segundo lugar, Sala Disciplinaria de Instrucción advirtió que se habría presentado un error al decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
Por estos hechos, el 24 de enero se suspendió a Leyva de su cargo de manera provisional con el fin de evitar afectar el proceso de contratación que cursaba en la Cancillería, teniendo en cuenta el rol que tenía como ordenador del gasto del Ministerio.