El concepto de que es necesario estimular a los ricos para beneficiar a los pobres ha sido una de las premisas básicas de la derecha en el mundo. En Colombia su portaestandarte histórico había sido Álvaro Gómez con su tesis del desarrollismo, cuyo principio básico es que primero hay que crecer para luego poder distribuir la riqueza. En Estados Unidos esa fue la filosofía que inspiró la revolución de Ronald Reagan, que luego fue trasplantada al Reino Unido en el gobierno de Margaret Thatcher. El pilar de ese experimento sostiene que si se les reducen los impuestos a los ricos, se genera empleo y así se crean puestos para los pobres. El caso del programa de subsidios de Agro Ingreso Seguro es simplemente una variante más de esa doctrina económica que si bien es muy controvertible, no es totalmente irracional. Se trata de una concepción ideológica del Estado que siempre tendrá partidarios y enemigos. Como lo señala el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes, el programa, que apenas ahora se convierte en escándalo de medios de comunicación, ya había sido criticado en foros académicos “por sus efectos nocivos sobre la distribución del ingreso y porque, en lugar de fomentar inversión productiva, desconoce principios básicos de justicia distributiva y de eficiencia en el gasto”. Y desde otra esquina ideológica, el creador del modelo, el ex ministro de Agricultura y hoy precandidato presidencial, Andrés Felipe Arias, lo defiende a capa y espada. Alega que la situación del campo es tan complicada, que se tiene que dar incentivos no sólo a los pequeños y los medianos, sino también a los grandes capitales. Elementos de esa concepción han sido puestos en práctica desde hace años. Incluso uno de los componentes del programa Agro Ingreso Seguro comenzó en 1993 en el gobierno de César Gaviria. Ahora, con el presidente Álvaro Uribe han sido muy utilizados. Es el mismo concepto de las rebajas tributarias a los empresarios que les ha ahorrado en materia de impuestos ocho billones de pesos. O de lo apoyos que por medio billón de pesos se entregaron a floricultores y bananeros para aliviarles la caída del dólar. El escándalo, que ya lleva dos semanas en Colombia y que salió a flote por la presencia de una reina de belleza, ha puesto bajo la lupa de la opinión pública los riesgos que implican estos programas y los excesos que se pueden cometer. La idea de los subsidios agrícolas como tal no es absurda. La practican muchos países desarrollados como Estados Unidos y Francia. Los países ricos gastan 300.000 millones de dólares al año en este tipo de subsidios. Lo que tienen de complicados estos subsidios de Agro Ingreso Seguro es que en lugar de ser una medida de aplicación general a través de una reducción arancelaria o un crédito blando, se trata simplemente de un regalo al que no todos los que están en las mismas condiciones pueden acceder. Falta por ver además si pasa el examen de la Procuraduría. Porque como lo recuerda el mismo Hommes el artículo 355 de la Constitución es explícito en decir que “ninguna de las ramas del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas de derecho privado”. Aunque en teoría el principio que inspira este subsidio es incentivar tanto a los industriales del campo como a los campesinos medianos, en la práctica acaban siendo objeto de este privilegio latifundistas que por las condiciones del programa tienen derecho a acceder al mismo, y a la hora de ser calificados tienen más herramientas para competir que muchos campesinos rasos. Más allá del debate sobre el modelo de desarrollo, lo que en el fondo se está discutiendo en este escándalo es qué nivel de trampa se dio en su puesta en práctica. El caso más notorio fue el denunciado por la revista Cambio sobre cuatro familias adineradas que, según la revista, se quedaron con 25.000 millones de pesos de subsidios. Y en particular el caso más aberrante parece ser el de la familia de Juan Manuel Dávila Jimeno, quien hizo una especie de operación avispa para lograr que en vez de ganar un subsidio de máximo 500 millones, que es lo que permite el programa para cada predio, decidió dividir su finca, les alquiló a su esposa y a cada uno de sus hijos un pedazo, y así recibieron de ‘regalo’ del Estado cerca de 2.500 millones de pesos. En este mismo paquete está el caso de la ex reina de Colombia y hoy actriz Valerie Domínguez, novia de uno de los hijos de Dávila Jimeno. A ella también le arrendaron un lote y se ganó un subsidio de 306 millones de pesos. Aunque no sea delito esa operación avispa, pues al fin y al cabo el programa no la prohíbe, se trata indudablemente de un abuso al Estado el hacer todo este malabarismo para recibir por lo menos cinco subsidios para el que era originalmente un solo predio. Si eso no está prohibido, tendrá que ser reglamentado para que no se pueda repetir. Andrés Felipe Arias salió al paso de las críticas: “Que unas personas hayan abusado del programa no habla mal de mí, ni del programa, sino de esas personas”. A esos casos polémicos se les sumó el del narcotraficante extraditado Ismael Pantoja Carrillo, alias el ‘Negro’, que recibió en 2007 un subsidio por 194 millones de pesos. El propio presidente Uribe hizo eco de la indignación nacional al exigirles que devolvieran la plata. Eso, sin embargo, no es más que un saludo a la bandera, pues una vez invertido ese dinero no hay manera de que se devuelva, sobre todo si no se demuestra que se consiguió de manera ilegal. Como era de esperarse, al escándalo se le está sacando punta política. El mayor perjudicado sin duda alguna será el precandidato Andrés Felipe Arias, pues el ministro de turno es ficha de él. Y el Presidente sigue protegido con el efecto teflón. Una encuesta de Datexco publicada el viernes por La W preguntó que si después del escándalo de Agro Ingreso Seguro, Arias debía renunciar a su candidatura, y el 50 por ciento de los encuestados respondió que sí. La reacción en Facebook tampoco se hizo esperar y se crearon desde grupos que dicen “yo también quiero un subsidio de agro ingreso seguro” hasta los que acusan a Arias del ‘robo’ de Agro Ingreso Seguro. Si se tiene en cuenta que Álvaro Uribe es el presidente más vinculado con el campo que ha llegado a la Casa de Nariño en el último medio siglo, no deja de llamar la atención su aparente desentendimiento de una medida de su gobierno en un área que para él como finquero y ganadero es tan de su alma como la seguridad democrática. Como consecuencia del escándalo se ha mencionado la posibilidad del retiro de la candidatura de Arias. Esto no va a suceder, pero sin duda lo debilita un poco en el mano a mano que está librando con Noemí Sanín por la consulta conservadora. Este bajonazo no es un golpe de gracia, entre otras cosas porque en la encuesta de Napoleón Franco publicada la semana pasada, Arias le ganaba a Noemí con el 33 por ciento, contra el 15, de intención de voto. El escándalo le hace daño por lo menos transitoriamente. Cuenta a su favor con que no actuó de mala fe y lo hizo con el aval del presidente Álvaro Uribe, quien dijo que Agro Ingreso Seguro es uno de sus mejores logros.