Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, se refirió en el programa Vicky en Semana al supuesto temor que hay en la Costa Atlántica, entre sectores políticos, por el hecho de que Aida Merlano, excongresista conservadora recapturada en Venezuela, revele todos los actos ilícitos en los que incurrió cuando montó una empresa criminal de compra de votos. "La señora fue capturada el día de las elecciones de 2018 a Congreso, en marzo 11, con documentos, plata, tarjetas electorales, etc, el primero en que se comprobó que existían esas maquinarias electorales como empresa criminal", aseguró Ariel Ávila. "Lo que todo parece indicar es que la señora Aida Merlano utilizó plata de sus padrinos políticos, de sus financiadores tradicionales, para esa empresa criminal. ¿Qué quiere decir eso? que la señora conoce cómo funciona esa compraventa de votos", agregó. La respuesta de Juan Guaidó a Duque por el pedido de extradición de Aida Merlano "A ellos (barones electorales) les conviene que desaparezca (Aida Merlano). Lo que sí es claro es que la señora en este momento tiene el control político y de verdad sobre, tal vez, uno de los candidatos presidenciales más fuertes para 2022", aseveró.
En 2018, durante las elecciones al Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación le compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra Merlano, entonces representante a la Cámara y senadora electa, luego del allanamiento a su sede de campaña en Barranquilla, donde - según el ente acusador - funcionaba una sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos. "Funcionarios de la DIJIN recibieron la información de que en una vivienda ubicada en el barrio El Golf de Barranquilla, conocida como “La casa blanca”, funcionaba un comando político desde el que, supuestamente, se compraban votos para la jornada electoral. Tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos: las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante", informó entonces la Fiscalía.
"Para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña", agregó entonces el ente acusador. "Se llevaba una contabilidad detallada en una planilla adicional, en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. Al parecer, cada voto era pagado a $40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte. El monto a pagar a cada uno de ellos variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida y si se superaba ese número, aumentaba también el valor del voto", explicó el ente acusador. Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia condenó a la senadora Merlano a 15 años de prisión. Y fue el primero de octubre de 2019 cuando, en cumplimiento de su pena, salió de prisión a una cita odontológica y protagonizó una fuga de película. Tres meses y 26 días después, la excongresista fue capturada en Maracaibo (Venezuela) y la suerte que correrá ella y su proceso es incierta.