Los ánimos siguen caldeados en las altas cortes. El Consejo de Estado tiene en sus manos la posibilidad de declarar nula la elección del magistrado Francisco Javier Ricaurte, quien fue magistrado -y presidente- de la Corte Suprema de Justicia y ahora lo es en el Consejo Superior de la Judicatura, lo cual le ocasionó una demanda contra su permanencia en el cargo. La semana pasada, en una de las salas más intensas del año, 14 magistrados acordaron declarar nula la elección de Ricaurte, pues se habrían evidenciado irregularidades, en concordancia con los argumentos presentados por los demandantes, relacionadas con una violación al artículo 126 de la Constitución, en el que se prohíbe que un funcionario nombre familiares de quienes intervinieron en su elección, en busca de que no haya un conflicto de intereses. El martes de la semana pasada, en el momento de la votación, la suerte estaba echada para Ricaurte puesto que 15 de los 23 magistrados (los togados Enrique Gil y Hernán Andrade se declararon impedidos por amistad con Ricaurte) que definen el asunto votaron en contra de la ponencia de la magistrada Susana Buitrago que proponía dejar en firme la elección de Ricaurte. Semana.com supo que la magistrada, al verse derrotada, decidió retirar su ponencia y preparar una nueva en sentido contrario. Se sumó así a la mayoría y prometió un nuevo texto a para ponerlo a discusión en la Sala Plena este martes. Sin embargo, de manera sorpresiva, el documento nunca llegó a los despachos de los magistrados, razón por la cual el tema no se tocó. Por si fuera poco, el magistrado Ricaurte tenía un ‘as’ bajo la manga que no dudó en usar, con lo que ganó algún tiempo. Semana.com conoció el documento de 36 páginas radicado por él, en el cual recusa al magistrado de la sección primera Marco Antonio Velilla, al señalar que su colega tiene un trámite judicial en la judicatura, por lo que no puede ser juez ni parte. En su demanda, el magistrado Velilla solicitó a la Presidencia de la República, la rama judicial y la Corte Suprema de Justicia la suma 340 millones de pesos al considerar que fue afectado su buen nombre cuando la terna de la que él hacía parte en el proceso de elección de fiscal general fue anulada por el presidente Juan Manuel Santos, quien argumentó que no contaban con los requisitos para el cargo. De una terna posterior fue nombrada en esa posición Viviane Morales. A juicio de Ricaurte, esta demanda configura “pleito pendiente de carácter judicial”, pues “está en curso de ser fallada y afecta a las partes que en esa ocasión no tuvieron en cuenta la terna de la que hizo parte Velilla Moreno”, señala el texto que pasa a poner en duda la imparcialidad del magistrado recusado. “Es menester tener en cuenta que si en la presente causa electoral se discute la moralidad y la eticidad (…) en mi designación como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, es apenas razonable que los magistrados estén totalmente desprovistos de cualquier mácula de parcialidad o de suspicacia a la hora de resolver el presente asunto”, señala el documento. Esta recusación deberá ser resuelta por el mismo magistrado Velilla, quien deberá definir si se declara impedido o no para debatir el caso. En caso de ser aceptada, Ricaurte lograría un voto menos en su contra. En caso de ser negada, la Sala Plena analizará la conveniencia o no del trámite, lo cual podría tardar varias semanas, tiempo valioso para el magistrado. Semana.com pudo establecer quiénes fueron los magistrados que expresaron la necesidad de declarar nula la elección del magistrado en cuestión: Gustavo Gómez Aranguren, Alberto Yepes, Lucy Jannette Bermúdez, Gerardo Arenas, Marco Antonio Velilla, María Claudia Rojas, Guillermo Vargas, Bertha Lucía Ramírez, Stella Conto, Ramiro Pasos, Jorge Octavio Ramírez, Hugo Bastidas, Carmen Teresa Ortiz, Susana Buitrago Valencia (ponente del fallo). ¿Se mantendrán firmes a la hora de votar?